El futuro de la Fundación Jenkins, que está a cargo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se conocerá una vez que los jueces emitan resoluciones finales pues hasta el momento solo ha habido determinaciones temporales.
Así lo señaló Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, el nieto primogénito de la familia Jenkins que sostiene un pleito legal con sus parientes al acusarlos del desfalco de 720 millones de dólares del patrimonio de la Fundación.
El litigante explicó que el objetivo de su cliente es que el dinero en cuestión sea restituido, pero para que esto ocurra es necesario esperar a que haya resoluciones judiciales definitivas, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
Hay que recordar que el 29 de junio, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla concretó el cambio de los patronos de la Fundación Jenkins debido a que los anteriores enfrentan denuncias penales por lavado de dinero derivadas de la acusación del nieto primogénito de la familia.
La antigua directiva impugnó esa determinación y logró una suspensión provisional para que fuera restituida, pero esto no se ha concretado debido a que las autoridades judiciales en el estado, que están facultadas para hacerlo, están de vacaciones.
Al respecto, Carlos Serna insistió en que ambas resoluciones tienen carácter de provisional y es necesario esperar a que el caso sea resuelto, pero de manera definitiva, mientras esto no se realice, indicó que todo lo que ocurra forma parte de una “coyuntura procesal”. “Todo se mueve dentro del campo de lo provisional no de lo definitivo”, acotó.
En entrevista con La Jornada de Oriente recordó que el objetivo que Guillermo Jenkins percibe es que sean restituidos 720 millones de dólares del patrimonio de la Fundación que su familia desvío a Panamá y Barbados que son considerados como paraísos fiscales, a través de donaciones a una agrupación denominada Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, pese a que los estatutos de la agrupación lo prohíben.
Para que ello ocurra, insistió, es necesario que el resto de los integrantes de la Familia sean destituidos del Patronato de forma definitiva pues actuaron de forma ilegal al desviar el patrimonio de la Fundación.
En ese sentido, celebró que el gobierno estatal intente preservar el patrimonio de la Fundación, pues recordó que el dinero está destinado a ayudar causas filantrópicas según se indica en el reglamento de la asociación.
Respecto al cambio de rector de la UDLAP que los nuevos patronos de la asociación realizaron, al nombrar a Armando Ríos Piter en sustitución de Luis Ernesto Derbez Bautista, comentó que esto también forma parte del desahogo del caso, pero no es un factor determinante pues insistió en que lo que se busca es la restitución de los 720 millones de dólares.
Refirió que, entre las peticiones de su cliente, Guillermo Jenkins, está en que él sea restituido en el Patronato, pues recordó que sus parientes lo destituyeron del cargo el 19 de junio de 2013, al argumentar que no cumplió con sus obligaciones como integrante de ese organismo.