La disputa por la dirigencia de Morena en Puebla está muy lejos de terminar pues, aunque aparentemente se ha concretado la remoción de Mario Bracamonte González y Eduardo Arturo Carreño Ortiz, como delegado y secretario de organización del partido, respectivamente, el conflicto se ha alargado y ahora llegará a los tribunales, ya que los agraviados tienen todos los elementos jurídicos para defenderse y echar abajo su supuesta destitución.
Tal situación exhibe el desastre que está provocando Alfonso Ramírez Cuéllar al frente de la dirección nacional de Morena, que lejos de conseguir la cohesión e institucionalidad del partido, ha generado en unas pocas semanas una avalancha de confrontaciones y divisiones que seguramente harán crisis en el próximo proceso de selección de candidato a diputados y alcaldes.
Hace unos días la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió un acuerdo de la dirigencia nacional de Morena mediante el cual se remueve a varios delegados del partido, en distintos estados del país, entre ellos Puebla. Lo que hizo el INE, solamente fue acatar el cambio que comunicaba dicha fuerza política y por esa razón borró de su listado de dirigentes a Bracamonte y Carreño para el caso de la entidad poblana.
Lejos de que ese movimiento diera certeza jurídica a Morena Puebla, se le acabó de dar instrumentos a los dirigentes removidos para que echen abajo esa determinación que se adoptó el pasado 22 de mayo por el CEN morenista y por ende, se sigue profundizando la crisis de la fuerza política de izquierda más importante del país.
¿Qué sustenta el anterior dicho? Algo muy sencillo, en su deseo de Alfonso Ramírez Cuéllar de cobrar venganzas contra todos aquellos que era cercanos a Yeidckol Polevnsky, la líder destituida de este partido, se cometieron yerros jurídicos de primaria. Estos son algunos de esos vicios:
Mario Bracamonte González y Eduardo Arturo Carreño Ortiz se enteraron –el día 23 de mayo– por medio de la prensa que supuestamente habían sido destituidos por un acuerdo de la dirigencia de Morena. Días después, de igual forma, a través de los medios de comunicación se enteraron que Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por una decisión de Ramírez Cuéllar, había sido designado como delegado especial para Puebla.
El problema de ese proceder es que, hasta el día de ayer por la tarde, a Bracamente y Carreño no les han notificado oficial y formalmente de ese acuerdo del CEN, lo cual es una falta muy grave, ya que se les negó el derecho de audiencia, que es fundamental en todo procedimiento legal.
Incluso el documento de la sesión del 22 de mayo, nadie lo tiene en sus manos, a excepción de Alfonso Ramírez Cuéllar.
El segundo hecho grave, es que en el orden del día de la sesión del CEN de Morena no estaba agendada la propuesta de analizar la permanencia de los dirigentes locales del partido, por tanto es un segundo factor con el que fácilmente se puede ganar un juicio de violación de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Una tercera falla es que no todos los miembros del CEN morenista firmaron el acuerdo y al parecer, lo que si estuvieron a favor no son la mayoría de los integrantes de ese cuerpo colegiado.
Y por si fuera poco, el periodo temporal de la presidencia de Alfonso Ramírez Cuéllar, en el CEN, y de Carlos Alberto Evangelista Aniceto en Puebla, se acaba en agosto. En esa fecha ya se debe levantar la encuesta que decidirá quien ocupará la dirigencia nacional de Morena.
Es decir, cuando esté en pleno desarrollo el juicio de defensa de derechos políticos que Bracamonte y Carreño van a promover, ya no van a estar en los cargos los personajes que los destituyeron.
Ante ese esquema surge una pregunta: ¿Qué necesidad había de Alfonso Ramírez Cuéllar de llegar a la dirigencia de Morena para confrontarse con todo mundo y luego irse del CEN con un desorden jurídico en el partido?
Es algo que nadie se explica, pues Morena es el partido en el poder que no ha logrado entender que debería guardar un orden institucional que le permita ser un respaldo de la 4T y no un factor constante de conflicto.