En Puebla entraron en vigor un paquete de reformas aprobadas en el Congreso local que fortalecen los esquemas de protección a mujeres víctimas de violencia, estipulan la creación de centros de reeducación para agresores e impulsan programas de paternidad responsable.
Las modificaciones se habían mantenido en suspenso durante meses por su falta de publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE), situación que alertó la presidente de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Legislativo, Rocío García Olmedo, y que la Secretaría de Gobernación estatal corrigió el viernes pasado como responsable del POE.
Dos de las reformas se orientaron a Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, donde se incorporó dentro de las órdenes de protección preventiva la retención y resguardo de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución de seguridad privada.
Asimismo, se estipuló que los tres órdenes de gobierno se coordinarán bajo el esquema del Protocolo Alba para llevar a cabo la búsqueda y localización inmediata de niñas y mujeres extraviadas, a fin de proteger su vida.
Otra de las nuevas disposiciones busca terminar con la violencia obstétrica que se ejerce sobre las mujeres que, sin su consentimiento, son fotografiadas o filmadas durante el parto u objeto de tocamientos por parte de estudiantes de medicina, práctica que quedó prohibida.
También se determinó que dentro de las funciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra la de implementar programas educativos que fomenten una maternidad y paternidad libre, responsable e informada, además de que se ordenó la creación de centros de reeducación para agresores con la finalidad de transformar patrones de conducta violenta.
Además entró en vigor una modificación a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado que obliga al gobierno de Puebla a fomentar e impulsar la participación, el desarrollo y el reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas.
García Olmedo explicó que las reformas fueron aprobadas el 15 de mayo y el 1 de julio pasado, por lo que su falta de publicación en el POE impidió durante medio año la revisión, discusión y aprobación de iniciativas turnadas a su comisión que tocan los artículos corregidos.