La semana pasada se celebró en el Centro Integral de Servicios (CIS) de la capital poblana la tercera reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Saneamiento del Alto Atoyac, y en ese marco se informó que las autoridades obligadas ya habían cumplido 8 de los 12 puntos de la recomendación que desde 2017 les hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para limpiar el río.
Organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos –promotor de la queja– y especialistas como Andrés Barreda, que han dedicado más de una década a la exigencia y estudio del afluente, coinciden en que el principal problema es la desarticulación institucional y el andamiaje legal endeble que dejaron tres décadas de neoliberalismo en el país, lo cual ha permitido hasta ahora que las empresas ubicadas en los márgenes del río Atoyac contaminen con impunidad absoluta, al punto de tener ya como modus operandi pagar multas para poder seguir vertiendo sus derechos en el afluente.
Además de esa debilidad gubernamental frente al capital contaminante, otro factor contribuye a la grave situación del Atoyac: la inercia oficial a asumir el problema solo como un asunto de contaminación y no de salud pública, por lo que ha imperado la tendencia de pretender solucionar la situación mediante la construcción de plantas tratadoras, la mayoría de las cuales resultan obsoletas, porque en muchos casos sus tecnologías son limitadas ante la toxicidad de los desechos vertidos, y en otros ni siquiera hay recursos suficientes para echarlas a andar.
En este marasmo de males, las organizaciones, activistas e investigadores reconocen que hay autoridades del gobierno federal en la Secretaría de Salud, la Semarnat y el Conacyt, con un genuino interés en sanear al Atoyac y que trabajan en una solución que se antoja viable, mientras que otras solo simulan y por ello la tarea no es nada fácil mientras la contaminación se mantiene.