De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que elabora el Inegi cada dos años, Puebla es el segundo estado del país con la mayor percepción de corrupción en México, después de Guanajuato, práctica “muy frecuente” entre los cuerpos de seguridad pública.
No sobra decir que el periodo medido por el estudio demoscópico de marras corresponde al que compartieron, en diferentes segmentos gubernamentales, el fallecido panista, Rafael Moreno Valle Rosas, su sucesor, José Antonio Gali Fayad y el mandatario interino priista, Guillermo Pacheco Pulido.
Por desgracia, los asuntos relacionados con la corrupción se extienden hasta estos días. Bastan dos noticias en la edición de hoy para confirmarlo: A partir de la opinión de poblanos, consultados en la ENCIG 2019, el 85.7 por ciento de los poblanos afirmó que el agua de la red pública que administra la empresa Concesiones Integrales SA de CV, desde hace seis años, y que llega a sus hogares, no es potable.
Otro flanco impresentable: Un total de 21 de 33 notarios favorecidos por los exgobernadores Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad ya regresaron sus patentes al gobierno estatal.
Por eso no resulta ocioso el aserto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que afirma que el combate a la corrupción debe ser la prioridad en la República.