El diputado del PAN Oswaldo Jiménez López denunció que la iniciativa Ley de Amnistía, que su homólogo de Morena Gabriel Biestro Medinilla presentará al Congreso de Puebla mañana, contiene vacíos legales que permitirían a integrantes del crimen organizado salir de prisión o librar un proceso penal, con el simple hecho de alegar que fueron forzados para cometer irregularidades.
De la misma forma, consideró vaga la disposición que contiene el proyecto para dar libertad a personas o grupos que cometan delitos de orden político o inciten a la comisión de otros delitos por razones políticas.
En conferencia de medios en línea, dio a conocer que trabaja con su equipo jurídico en las correcciones que promoverá al ordenamiento, una vez que inicie su discusión en comisiones del Poder Legislativo, para que éste no quede a la interpretación de la autoridad que lo hará valer.
La Ley de Amnistía contempla medidas jurídicas que buscan impedir el enjuiciamiento penal contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica.
Oswaldo Jiménez, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, consideró que el ordenamiento es necesario ante las injusticias que se cometen en el sistema de procuración y administración de justicia del estado y el país, debido a que en algunas ocasiones lleva a prisión a personas que no merecían esa pena.
El problema con la iniciativa de Morena, expuso el legislador de oposición, se centra en que no es precisa al señalar los supuestos en los cuales una persona puede librar la imposición de una sanción.
Refirió el caso del artículo 2, donde se establece que personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas sancionadas o sometidas a un proceso penal por participar en delincuencia organizada podrán ser amparados por la Ley de Amnistía si se corrobora que fueron forzadas por esas organizaciones a delinquir y que durante el proceso no se les garantizó el derecho a contar con intérpretes o defensores.
“Son situaciones que quedan muy sujetas a la interpretación de la autoridad. ¿Quién va a determinar si fueron o no obligados y cómo saberlo? No vamos a llamar a los miembros de la delincuencia organizada para verificar si los obligaron o no. Estamos sujetos al dicho de alguien”, criticó.