Durante dos años la bancada mayoritaria del partido Morena del Congreso de Puebla se ha negado a discutir las iniciativas que proponen retirar la sanción de cárcel a las mujeres que suspenden un embarazo dentro de las 12 semanas de gestación, denunció la presidente de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo.
Acusó que esa política de criminalización derivó en una persecución por la vía penal de 38 integrantes del género femenino que abortaron entre 2015 y 2019, mientras el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) sentenció a 11 con la privación de su libertad de 2009 a 2019.
Asimismo, dio a conocer que el estado ocupa el tercer lugar nacional, de los 32 que tiene el país, por el número de mujeres que solicitan ese servicio en la Ciudad de México, donde se encuentra permitido el aborto desde 2007, lo que –aclaró– no ha frenado los casos de mujeres que pierden la vida por practicarse esa intervención en clínicas clandestinas.
En el Congreso tampoco ha prosperado una modificación a la Ley Estatal de Salud que busca incorporar programas de salud sexual y reproductiva con fines de prevención, lamentó la representante popular.
Exige destrabar reformas al Código Penal y a la Ley de Salud
En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, García Olmedo exigió al Congreso destrabar las reformas al Código Penal del estado que permitirían la legalización del aborto.
“Ni obligar a parir ni obligar a abortar. Derecho a decidir”, demandó la diputada, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al abordar la problemática durante la sesión pública del pleno.
También demandó destrabar una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud que busca incorporar programas de salud sexual y reproductiva abiertos a la población, con fines preventivos.
Morena guarda silencio ante el reclamo de García Olmedo
Los integrantes de la fracción de Morena, que coordina Gabriel Biestro Medinilla, guardaron silencio tras el discurso de García Olmedo, quien se solidarizó con los movimientos de mujeres que se manifestaron ayer a favor de la despenalización.
De los 41 diputados, el único que se pronunció abiertamente en contra de la propuesta de García Olmedo fue el sin partido Héctor Alonso Granados, por considerar el aborto un crimen que no puede exentar una sanción.
Con un pañuelo azul celeste en el cuello, que identifica a los movimientos religiosos y de derecha que se oponen a la legalización, Alonso equiparó la suspensión de un embarazo con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En Puebla, la suspensión del embarazo se castiga con una sanción de cárcel que puede ir de los seis meses a un año, de acuerdo con el artículo 342 del Código Penal local reformado en octubre de 2019.
Enfrentan diputados de Morena proceso de expulsión
Ante la negativa a legalizar la suspensión del embarazo, los diputados Morena enfrentan una demanda de expulsión que se encuentra bajo revisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de ese partido.
La petición la promovió Gerardo López Ramírez, líder de El Barzón en Puebla, quien acusó a los legisladores de transgredir con su actuar los principios y estatutos de Regeneración Nacional.
En ese contexto, Gabriel Biestro, quien no sólo coordina a los diputados de Morena sino que también preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política, anunció este mes que el Congreso efectuará foros el año entrante para debatir la despenalización del aborto “sin presiones y sin imposiciones”.