Tras regular la suspensión en el servicio de agua potable y drenaje con la aprobación de una reforma, al Congreso local llegaron 350 denuncias ciudadanas de cortes ilegales o amenazas de cortes realizados por la concesionaria Agua de Puebla, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla.
Las quejas se promovieron durante la emergencia sanitaria vigente en el país desde el 30 de marzo pasado por la epidemia de coronavirus (Covid-19), dentro de la cual se recomienda el lavado de manos constante para inhibir la propagación del patógeno.
Dos semanas antes de que se declarara la emergencia sanitaria, el Congreso modificó la Ley del Agua estatal para determinar que los cortes al servicio hídrico en caso de adeudo serán aplicables cuando los hogares rebasen un consumo de 15 metros cúbicos al mes.
En conferencia de medios en línea, Gabriel Biestro detalló que las 350 denuncias que se han acumulado desde la aprobación de la reforma provienen de diversas colonias de la capital del estado.
El también coordinador de la bancada de Morena aseguró que el conflicto se resolvió en la mayoría de los casos a favor de los quejosos, con la reconexión del servicio por parte de la concesionaria y, en algunos casos, con la celebración de convenios de condonación.
Acusa irregularidades en el manejo de los comités de agua
En el caso de los cortes realizados en las juntas auxiliares de la metrópoli donde el suministro del líquido es controlado por comités de agua, detalló que el Congreso también recibió quejas de cortes realizados en las juntas auxiliares de la metrópoli donde el suministro del líquido es controlado por comités de agua que incumplieron con el pago del servicio de energía eléctrica.
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) les corta la luz por falta de pago y se corta el suministro de agua y los afectados no tienen la culpa porque ellos han cumplido con los pagos correspondientes”, abundó.
Agregó que los comités de agua son operados por habitantes de las juntas auxiliares sin tener reconocimiento legal, pues se trata de una figura que no se contempla en la Ley de Agua del estado y que existe por los usos y costumbres de esas comunidades.
Agua de Puebla lleva siete años en pugnas jurídicas
La privatización del servicio hídrico en la capital poblana se concretó en 2014, durante el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien fue el principal defensor de esa medida.
El ingreso de la iniciativa privada al sector derivó en una disputa jurídica entre los usuarios del servicio y la compañía que continúa hoy en día en tribunales federales.
Una de las últimas sentencias en torno a la pugna data de inicios de 2020 y la emitió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual juzgó inconstitucionales las tarifas del agua que aprobó el Congreso en 2014 y que aplica Agua de Puebla, por permitir aumentos mensuales en los últimos cinco años que en algunos casos triplicaron el costo del servicio, de acuerdo con el abogado Gilberto Montalvo González.
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) les corta la luz por falta de pago y se corta el suministro de agua y los afectados no tienen la culpa porque ellos han cumplido con los pagos correspondientes”, abundó.