Apenas el 31 de marzo, al calor del inicio de la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, el exgobernador Mario Marín Torres se sentía cómodo entre los abrazos, los aplausos y las fotografías que le pedían vecinos de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla.
La sonrisa de Marín Torres duraría unos días más, hasta el 7 de abril, cuando acompañó a su candidato en otro acto de campaña, esta vez en la junta auxiliar de La Resurrección. Ahí, recibido por los fiscales, posó sonriente ante las porras de “¡Marín, Marín!”
“El caso Lydia Cacho es un caso juzgado y por lo tanto cerrado”, diría el exgobernador a los cuestionamientos de los medios, sobre si su papel cómplice en la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en 2005, afectaría al ahora candidato Alberto Jiménez Merino, quien durante su mandato fue su secretario de Desarrollo Rural.
Al ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estimó Mario Marín, lo hecho contra la autora del libro Los demonios del edén, era un asunto superado y sin vigencia. “Es un caso juzgado desde 2008 por la Suprema Corte que nos exoneró después de dos años de investigación… este asunto ya debe de olvidarse, ya es cosa juzgada”, insistió aquella vez.
Sin embargo, todo cambiaría para Mario Marín el 11 de abril, cuando la magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigesimoséptimo Circuito en Quintana Roo, del Poder Judicial de la Federación, María Elena Suárez Préstamo, liberó una orden de aprehensión en contra de cuatro personajes ligados al Lydiagate.
En la lista de hombres buscados, además del exgobernador de Puebla, Mario Marín, aparecerían el empresario Kamel Nacif Borge; el exjefe de la Policía Estatal Adolfo Karam Beltrán y el extitular de Mandamientos Judiciales José Sánchez Moreno. Todos, perseguidos por los delitos de tortura y abuso de autoridad contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005.
La orden de aprehensión se giró luego de haber sido apelada por el Ministerio Público de la Federación el 26 de noviembre de 2018, en la última semana de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, donde se negó librar la cédula contra los implicados en la detención de la escritora por órdenes del ex mandatario.
Tras revocar la resolución apelada, el 11 de abril se liberó la orden contra Mario Marín Torres y sus cómplices.
Días después, el 16 de abril, fue detenido el primer señalado en el caso, Juan Sánchez Moreno, quien ocupaba el cargo de titular del extinto cuerpo de Mandamientos Judiciales y fue quien encabezó la operación para la detención de la periodista en Cancún, Quintana Roo, por órdenes de Karam Beltrán.
En el documento girado desde la misma ciudad donde fue detenida Cacho Ribeiro el 16 de diciembre de 2005 para ser trasladada a Puebla vía terrestre bajo intimidación y presunta tortura psicológica, se desprende un oficio a la Fiscalía General de la República para que ordene la búsqueda y detención de los indiciados con el fin de que sean puestos a disposición de las autoridades quintanarroenses.
La demanda de la que nace la orden de aprehensión fue presentada por María Araceli Andrada Tolama, Elsa Martínez Hernández, Alejandro Rojas Pruneda, Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, Luna Eduardo Knapp Moreno, Diego Armando Martínez Valor, Martha Gabriela Castillo Graduño, Juan Sebastián Salamanca Calle, Itzia Miravete Veraza y Ana Cristiana Ruelas Serna, todos ellos activistas y defensores de Derechos Humanos.
Luego que Mario Marín Torres y compañía fueran exonerados por la SCJN el 30 de noviembre de 2007, 21 meses después de la publicación de los audios con las conversaciones entre el ex gobernador y el empresario Kamel Nacif, donde quedó de manifiesto su complicidad para detener a Lydia Cacho, la Organización de las Naciones Unidas pidió al Estado Mexicano reabrir el caso y resarcir los daños provocados contra la periodista.
El 6 de agosto de 2018, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe donde exigió al Estado Mexicano que en un plazo de 180 días se atendiera la petición, al reconocer que hubo serias violaciones a derechos humanos, violencia de género, tortura, prohibición al derecho de expresión y mal uso de instituciones judiciales durante la detención y traslado de la escritora.
Además, la ONU pidió que se hiciera una nueva investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados para juzgar y sancionar a quienes estuvieron involucrados en los hechos en 2005.
Para dar respuesta a la mitad de este informe, el 10 de enero de este año, más de 13 años después del hecho, el Estado Mexicano, a través de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación federal y en 2007 magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votó contra la culpabilidad de Marín Torres, ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho por la violación a sus derechos humanos.
“Este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar; este es un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para la democracia y la cuarta transformación representa la libertad de expresión. Nunca más la censura ha de tener cabida. A 13 años de este lamentable suceso estamos aquí siendo consecuentes como gobierno, con nuestra historia, con las omisiones y los errores del pasado. Hoy estamos aquí para ofrecer disculpas a nombre del Estado mexicano a Lydia Cacho, pero también para reiterar que el gobierno de la República no estará supeditado a intereses particulares”, subrayó Olga Sánchez.
Este miércoles 17 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la detención de Juan Sánchez Moreno, uno de los personajes sobre los cuales pesa la orden de aprehensión. Al ofrecer su conferencia de medios, señaló que dicha acción es “un signo de los nuevos tiempos”.
“Celebro se esté dando trámite a esa denuncia y se proceda legalmente”, dijo, a la par que precisó que sobre la detención y la orden de aprehensión se enteró por los medios de comunicación, pues que a él no le consultaron la decisión.
En la junta auxiliar de La Resurrección, Mario Marín Torres optó por no dar discursos ni entrevistas. Ese silencio, casi profético, se prolongaría durante los días siguientes a la noticia de la orden de búsqueda y captura. La única noticia que se tendría sobre Mario Marín la tuvo su particular Ramón Fernández Solana, quien soltó, cuestionado por los reporteros, que el exgobernador “está de vacaciones”.
Para el encargado de la campaña a nivel local del candidato Alberto Jiménez Merino, la orden de aprehensión en contra del exgobernador forma parte de una persecución política con fines electorales, derivado de “cierto nerviosismo en los cuartos de guerra de otros partidos políticos”.
A la orden, dijo Fernández Solana, el PRI la ha tomado como algo “grave”, pues “la justicia se usa como un garrote político”, y marca tiempos “de regresión donde la persecución política tiene fines electorales”.
Al silencio de Mario Marín, se ha sumado el candidato Alberto Jiménez Merino, quien en los últimos días ha permanecido alojado en la Sierra Norte de Puebla, en actos de campaña de los que se tiene constancia por su equipo de prensa.
Cuestionado sobre el tema, el abanderado del PRI se “deslindó” del exgobernador, pues aseguró que “cada quien es responsable por sus actos”. Al preguntarle también si Mario Marín seguiría acompañándolo en su campaña, mencionó que quienes “quieran venir a mi campaña estarán aquí”. Incluso, ya incómodo del tema, dijo que él no hablaría “de amistades ni de deslealtades” en este, su periodo de campaña que se ha visto opacado por la figura del exgobernador.