El desmedido poder económico, de organización y de amedrentamiento contra varios alcaldes de la entidad, así como su presencia en distintas regiones del estado y la impunidad de que gozan las bandas de huachicoleros solamente se puede explicar por la protección oficial que están recibiendo. Una serie de denuncias anónimas, surgidas desde las filas de la corporaciones policíacas, apuntan que tan sólo algunos mandos de la Dirección de Vialidad estatal podrían estar cobrando 10 mil pesos por cada pipa que dejan pasar y va cargada de hidrocarburo robado de los ductos de Pemex. A estos automotores los agentes de vialidad les dice “las niñas”, que es clave para identificar a los camiones que ya pagaron la extorsión.
Si realmente se tuviera voluntad política de investigar y frenar a las redes de ordeña de ductos de Pemex, de comercialización del hidrocarburo hurtado y el lavado del dinero obtenido de este ilícito –que en el sexenio morenovallista creció en mil 583 por ciento– necesariamente se tiene que buscar la complicidad de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del estado de Puebla, así como de policías municipales y tal vez de algunos alcaldes.
Según las denuncias anónimas que han surgido sobre el tema, se indica que tan sólo en el área de Vialidad estatal alguien del más alto nivel se estaría embolsando 600 mil pesos mensuales por la red de extorsiones que existe contra automovilistas, conductores de camiones de carga, transportistas de pasajeros, dueños de grúas y los llamados huachicoleros.
De acuerdo con esos señalamientos –que puede ser información falsa, pero que al mismo tiempo parece no alejarse de la realidad– el aumento de tomas clandestinas en ductos de Pemex se desató, con más intensidad, cuando llegó Facundo Rosas Rosas a la titularidad de la SSP; pero las extorsiones o también llamados “cobros de piso” crecieron a partir de abril de 2016.
El 29 de abril de 2016 fue nombrado como encargado de despacho de la Dirección de Vialidad un personaje llamado Rodolfo Hernández Gaspar, quien es un hombre de todas las confianzas de Jesús Rodríguez Almeida, el titular de la SSP y quien sustituyó a Facundo Rosas.
Desde esa fecha, apuntan las denuncias en cuestión, se desató las siguientes cuotas de extorsión:
Hay un conjunto de ocho patrullas con agentes que son usadas para vigilar las vías Forjadores y el Periférico, principalmente. A los agentes, divididos en tres turnos, que les toca utilizar esos vehículos estarían obligados a pagar a sus superiores 6 mil pesos diarios, por cada unidad. Obviamente ese dinero sale de las extorsiones a conductores, sobre todo los que en las madrugadas transportan productos agrícolas.
A otro conjunto de 16 patrullas, que circulan en las autopistas de Tlaxco, Tejocotal, Huauchinango y Teziutlán, sus ocupantes estarían entregando unos 30 mil pesos por semana por cada vehículo, dinero que sería embolsado por mandos superiores.
En el caso de las grúas que operan en Forjadores, el Periférico, la Vía Atlixcáyotl, entre otras vialidades, sus dueños también estarían pagando 30 mil pesos a la semana por cada unidad a cambio de que los dejen intervenir para transportar automotores accidentados o que son detenidos porque sus conductores cometieron alguna falta grave, como conducir en estado de ebriedad o sin documentos.
Se dice que los agentes de la Policía Estatal que se quieren pasar al área de Vialidad, que es donde está el negocio, estarían pagando en lo oscurito unos 25 mil pesos para que les autoricen el traslado.
Y la cereza del pastel es que en el norte, el sur y el centro del estado, se estaría cobrando –de acuerdo con los escritos de denuncia– a cada pipa de huachicoleros la cantidad de 10 mil pesos, a cambio de que el vehículo no sea molestado en retenes, no sea detenido en las carreteras para revisión o cuando sufra algún percance.
¿Es cierto o falsa la anterior información? Necesariamente el gobierno del estado tiene que investigar esos señalamientos, aunque parece que alguien frena esa posibilidad, ya que la protección oficial a los cárteles del robo de combustible no ha sido tocada por las autoridades.
No se sabe si Rodolfo Hernández Gaspar es quien se está enriqueciendo con dichas extorsiones o si es ajeno a esos ilícitos, pero lo cierto es que a partir de su llegada al actual cargo es que aumentaron los cobros ilegales en el área de Vialidad. Bueno, esos dicen las denuncias anónimas en cuestión.
Ya hubo un sonado de caso de un mando que se negó a extorsionar para cubrir “las cuotas” a sus superiores. En lugar de que fuera respaldado, se dice que lo separaron del puesto que tenía en la SSP. Este hombre al parecer se llama Fabián Sauce.
Otra historia que se cuenta es que hay una funcionaria de la Dirección de Vialidad, de apellido paterno Moreno o Morales, que en una ocasión les exigió a los jefes regionales, comandantes y otros miembros de esa corporación, que cada uno debía aportar mil 500 pesos para celebrar el cumpleaños de Rodolfo Hernández Gaspar, a cuyo convivió se exigió que los asistentes fueran vestidos de civiles y sin identificaciones oficiales.
Si ese tipo de abuso se pudo cometer, otras muchas cosas peores pueden ocurrir en el entorno de Rodolfo Hernández Gaspar y su jefe Jesús Rodríguez Almeida.