En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia celebrado el pasado 17 de mayo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció a favor de los derechos de todas aquellas personas cuya orientación e identidad sexual es distinta a la heterosexual, proponiendo modificaciones al artículo 4° constitucional para abrir la posibilidad de que cualquier pareja mayor de edad, pueda contraer matrimonio, además de permitir la expedición de actas de nacimiento con identidad de género (Proceso, 17 de mayo).
Estas propuestas plantean necesarias modificaciones a los actuales dispositivos legales en materia civil y familiar de todos los estados de la República, pero además implica todo un reto en términos de aplicación de la ley, pues a pesar que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una tesis jurisprudencial en el que declaraba la inconstitucionalidad de todos aquellos códigos civiles que asuman que el matrimonio sólo se podrá celebrar para unir a un hombre y a una mujer, todavía en algunos estados de la república, el camino para aquellas parejas no heterosexuales que desean casarse es sinuoso.
Un claro ejemplo de la falta de voluntad de quienes ostentan el poder público para hacer valer la resolución de la SCJN, lo documenta La Jornada Zacatecas en su edición electrónica del 19 de mayo en el que expone cómo la pareja formada por Rodolfo Eduardo Flores Nava y Francisco Domínguez Galindo tuvieron que enfrentarse durante nueve meses con el nulo apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas y con los prejuicios arraigados de la ex diputada Érica del Carmen Velázquez Vacio quien solicitaba a los contrayentes medios probatorios que acredite su homosexualidad ¿acaso una pareja heterosexual zacatecana tiene que acreditar su heterosexualidad?
Otro reto que plantea esta iniciativa de reforma constitucional, se refiere a directriz laica con la que deben conducirse los legisladores de los congresos de los demás estados de la república que en su momento tendrán que discutir y aprobar la reforma. No es de extrañarse que la Iglesia Católica se pronuncie en contra de lo que considera como un “gran equívoco y falso derecho” (Proceso, 22 de mayo) y que si bien reconocen la apertura de espacios que dignifiquen a la persona, consideran que el derecho al matrimonio es exclusivo de parejas heterosexuales y cuyo fin principal es la procreación o preservación de la especie, pero ¿cómo puede promoverse la dignidad cuando se cercenan derechos? ¿cómo se puede asumir el respeto a la diversidad cuando se promueve la homofobia “a frecuencias bajas”? ¿con qué criterios se puede calificar esta propuesta como un gran equívoco? ¿por qué hablar en pleno siglo XXI de preservación de la especie cuando hay sobrepoblación en el planeta?
No hay que olvidar que así como todas las personas tienen obligaciones (fiscales, por ejemplo), todas las personas deben tener los mismos derechos sin importar su orientación sexual. No es cuestión de ideologías o lobbies (como plantea el clero en Desde la Fe), se trata de construir una sociedad para todas y todos.