La tarde de este lunes, con cuatro votos en contra y cero abstenciones, el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó por mayoría y de manera exprés solicitar al Congreso del estado una línea de crédito por 800 millones de pesos a pagar en siete años, a fin de combatir dos puntos prioritarios: la crisis de inseguridad y la falta de mobiliario urbano en la capital.
Esto significa un aumento del 300 por ciento de la deuda pública actual, que asciende a 460 millones de pesos, y representa la cuarta parte del presupuesto de 4 mil 100 millones de pesos anuales.
La propuesta fue presentada por el propio alcalde Luis Banck Serrato, quien antes de la votación reconsideró el monto a solicitar, luego de las críticas y exigencias de analizar la deuda por parte de fuerzas políticas, como el PRI.
El edil capitalino propuso al Cabildo una línea de crédito de 800 millones de pesos como tope, y no de 2 mil millones como se propuso inicialmente, la cual deberá ser analizada y después votada por el Congreso del estado.
Sobre la confrontación entre los regidores opositores y el grupo de poder del alcalde, Banck Serrato explicó: “he tenido varias pláticas con los regidores quienes me han pedido que reconsideremos el monto total que se ha puesto, para concentrarnos solo en dos de ellos que son prioritarios: el combate a la delincuencia y equipamiento urbano”.
En ese sentido, el alcalde de Puebla replanteó el tope de financiamiento a 800 millones de pesos para atender estos dos rubros prioritarios para el municipio.
Asimismo propuso al Cabildo que cada año el Ayuntamiento estaría obligado a pagar el 10 por ciento del monto del PPS, más los intereses y servicios financieros, en lo que dura la vigencia de la Prestación de Servicios.
Al final, Banck Serrato argumentó que la convocatoria fue entregada con antelación a todos los regidores, para su análisis, por lo que se dispensó la lectura del mismo, y que la finalidad era aprobar un monto máximo, más no concretar una línea de crédito.
La aprobación de la línea de crédito a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), fue el único punto que se trató en la sesión extraordinaria de este inicio de semana.
De la petición al Congreso del estado, votaron en contra los regidores priistas encabezados por Iván Galindo, Karina Romero Alcalá, María Esther Gámez y María Juana Báez, quienes arguyeron la falta de transparencia en el procedimiento.
En su intervención, el regidor del PRI, Iván Galindo expuso su desacuerdo con la propuesta de Banck Serrato, y negó su aval a la línea de financiamiento por opaco.
El regidor opositor explicó que está de acuerdo en el problema de fondo, la crisis de inseguridad que impera en Puebla, pero esta solicitud del financiamiento –dijo- no puede darse violentando el Artículo 134 de la Constitución Mexicana.
“No hay manejo adecuado de los recursos públicos, tampoco transparencia ni eficacia, cuando los regidores debemos ser garantes del cumplimiento de la Ley”, sostuvo.
Cámaras lectoras de vehículos no deberán ser utilizadas para la fotomulta
Durante su participación, Iván Galindo expuso que existe una serie de irregularidades, desde “lagunas” en su redacción hasta falta de fundamento.
Al respecto, informó que el primer resolutivo está mal redactado, pues el Ayuntamiento de Puebla no se autoriza el tope de financiamiento, sino el Congreso del estado, para que los diputados fijen el monto y tope de la eventual línea de crédito.
Además exigió al tesorero del gobierno municipal a presentar al menos cinco propuestas de financiamiento del mercado, para que el Cabildo decida cuál es la mejor alternativa que convengan en función de recursos al Ayuntamiento
Iván Galindo también refutó que la capacidad de endeudamiento del gobierno de Puebla sea mayor a 40 millones de unidades, lo cual representa 230 millones de pesos.
Es decir, explicó, que la petición de Luis Banck es dos veces mayor a la línea de financiamiento.
En ese sentido, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandó que se cumpla con el Artículo 26 que refiere la presentación por escrito del estudio de las cinco instituciones financieras viables, donde se incluya un análisis comparativo como marca la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios.
Entre otras anomalías, Iván Galindo detectó que en la propuesta se habla de la adquisición de cámaras lectoras de matrículas móviles y fijas, con la finalidad de detectar vehículos robados.
Sin embargo, dijo que este punto no fue plasmado en el escrito, lo cual debe tomarse en cuenta para evitar que estas cámaras sean utilizadas para la instalación de un programa de fotomultas en la ciudad de Puebla, que fue anulado.
“En la propuesta se tiene que especificarse que las cámaras lectoras son para la detección de vehículos robados y no para un programa velado de fotomultas”, recalcó.
Tlaxcala y Colima reciben más presupuesto que la ciudad de Puebla, pese a tener menor población
Al final, el regidor Iván Galindo admitió la ola de delincuencia y violencia en la capital, no obstante, consideró que no sólo se debe hacer frente con la contratación de más policías, armamento y patrullas, sino con alternativas de desarrollo social y económico.
En ese sentido, pidió a los legisladores federales poblanos que trabajen en la petición de un mayor presupuesto para la ciudad de Puebla, que recibe menos recursos que entidades con menor población como Tlaxcala y Colima.
Comparó que mientras Puebla recibe 4 mil 100 millones con más de 2 millones de habitantes, las entidades en mención reciben mucho más recursos con una población de apenas un millón de personas.
Por lo que hizo un llamado a los legisladores federales para que se revise la distribución de los recursos en los estados.
“De por sí tenemos pocos recursos, y en materia de Seguridad máxime, tenemos que administrar y orientarse el recurso que no fue aplicado de manera correcta ni transparente”, señaló.
Sobre la acusación dijo que hay constancia en los Cabildo, donde se ha venido denunciando en el último año.
Mientras que el regidor Gustavo Espinosa Vázquez defendió la propuesta del alcalde Luis Banck y pidió al órgano colegiado respaldar la postura, bajo la justificación que con ello se podrá enfrentar algunos retos del Ayuntamiento.
Agregó que el problema de la inseguridad y la carencia de equipamiento urbano básico se necesitan en la mayoría de las colonias capitalinas.
Finalmente, confió que el gobierno de Puebla tiene la capacidad para mantener una economía sana, así como transparentar el manejo de los recursos que solicitarán al Poder Legislativo.