Los 6 mil 479 casos de quebrantamiento a los derechos humanos en materia de seguridad jurídica y libertad, que contabilizó para Puebla, el año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dan cuenta de la realidad que padece la entidad en materia del respeto a las garantías individuales.
Desde el inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas hubo una política deliberada por parte del Poder Ejecutivo para no respetar las garantías universales, en aras de llevar a cabo proyectos u obras que eran polémicas o francamente eran rechazadas.
La persecución de políticos opositores, luchadores sociales, activistas, defensores del patrimonio o ciudadanos que simplemente ejercieron su derecho al disenso, fue avalada en los hechos por los poderes Legislativo y Judicial, pues ni los diputados actuaron como un contrapeso al Ejecutivo, defendiendo a los agraviados, ni los jueces quisieron impartir justicia verdadera, por el contrario, se sumaron a la represión mediante sus sentencias.
Quedaron así, como efecto inmediato, en la completa marginación los grupos más vulnerables como los indígenas, las mujeres y los migrantes.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla pasó a convertirse en un departamento de quejas sin solución, que se dedicó a encubrir los abusos y sumar estadísticas.
Es de esperar que esta abominable situación persista aún con Moreno Valle fuera del gobierno, pues está firme en el cargo, hasta el 2023, uno de sus principales operadores en la violación de derechos humanos, el fiscal General, Víctor Antonio Carrancá Borguet.