En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se consagra una serie de derechos humanos, individuales, procesales y de seguridad jurídica, políticos, sociales y de solidaridad, que en su mayor parte son imaginarios.
Los aspirantes a legisladores y a ediles se habrán puesto a pensar cómo hacer para concretarlos y hacer efectiva la garantía del “mínimo de bienestar y desarrollo”, sin dejarle esta tarea sólo al Ejecutivo local.
En un asunto tan concreto, como los derechos procesales y de la seguridad jurídica, tendrán pensada sus propuestas cuando saben que la impunidad es uno de los mayores problemas de las instituciones de administración de justicia.
Gran parte del problema de la inseguridad está determinado por el comportamiento de los administradores de justicia, quienes tasan su actuación en función del dinero y no de la aplicación de la ley, lo que hace que los delincuentes gocen de total impunidad.
Qué hacer cuando quienes tienen la tarea de la justicia son los más injustos, ya que se ensañan en contra de la población con recursos económicos escasos y lamen las suelas de quienes ponen dinero en los cajones o lo depositan en las cuentas bancarias.
Podrán haber más policías y ser incorruptibles, contar con más cámaras de video vigilancia, tener más patrullas y acudir de forma más inmediata para detener en flagrancia a los delincuentes, pero nada cambia cuando actúan los administradores de la justicia.
Las estadísticas determinan que la población no denuncia por miedo a las propias autoridades y cuando lo hace les provoca más miedo, porque es seguro que dejarán en libertad a los delincuentes.
En ese sentido, cuál será la propuesta de los futuros diputados y presidentes para derruir la corrupción que priva en las instituciones de justicia que alimenta de impunidad e inseguridad a la entidad. ¿Por qué fue un tema que nadie tocó?