Por mayoría de votos, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida si el magistrado Elías Cortés Roa conti-núa o no en la presidencia de la Sala Unitaria Electoral–Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
En una discusión que duró casi tres horas, la mayoría de los magistrados avaló el proyecto de la ponente María del Carmen Alanís Figueroa, quien propuso –en la resolución del expediente SUP–JDC–2542/2014– que esa autoridad no es la instancia competente para resolver la legalidad o no del nombramiento de Cortés Roa como presidente de la Sala Electoral–Administrativa de Tlaxcala, pues existe “un conflicto competencial”.
Los magistrados que avalaron la resolución fueron Alejandro Luna Ramos, Pedro Penagos López, Constancio Carrasco Daza y Alanís Figueroa, por lo que será la SCJN la que resuelva sí es el Tribunal Colegiado de Distrito o el propio TEPJF quien resuelva este asunto.
Ello, luego de que Cortés Roa interpuso dos recursos de revisión, uno ante el Tribunal Colegiado de Distrito y otro ante la Sala Superior del TEPJF, a fin de impugnar la resolución de un juzgado federal que amparó a su antecesor Pedro Molina Flores y ordenó al Congreso del estado reponer el procedimiento por el cual este último no fue ratificado en la magistratura.
Cortés Roa buscaba, a través de ambos recursos, se confirmara la no ratificación de Molina Flores como magistrado y se validara su designación en el cargo, aunque esa pretensión depende del recurso de revisión que atiende el Tribunal Colegiado de Distrito, mientras que el TEPJF atiende un juicio para la protección de los derechos político– electorales del ciudadano.
Este miércoles, los integrantes del TEPJF identificaron que existe un conflicto de competencias, pues además de que el mismo asunto se litiga tanto en la justicia ordinaria como la electoral, existe un problema en la integración de la autoridad en el estado de Tlaxcala en la materia, la cual no sólo atiende asuntos de tipo electoral sino administrativos.
Los magistrados Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza expresaron un voto particular en contra del proyecto, al considerar el primero que el recurso debía ser desechado, mientras que el segundo se pronunció porque la Sala Superior del TEPJF debía resolver de fondo la impugnación presentada por Cortés Roa.
En el contenido de su proyecto, la magistrada Carmen Alanís argumentó que el TEPJF no podía revisar directamente una sentencia emitida por un juez de distrito ni por un Tribunal Colegiado de Circuito, por lo cual, al haber una impugnación por la doble vía, el caso de competencias debía ser resuelto por el máximo tribunal de justicia de la República mexicana.