Luego de tocar las campanas de la iglesia, decenas de pobladores tomaron las instalaciones de la presidencia municipal de Juan C Bonilla, para exigir el rechazo de la reforma constitucional que busca la privatización del agua.
Alrededor del mediodía, los vecinos se apostaron frente a la alcaldía para demandar se efectúe una sesión extraordinaria de Cabildo, donde se acuerde la desaprobación de dicha iniciativa impulsada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Exigimos a Filemón que nos dé respuesta y no se esconda, que baje de la presidencia y que haga una sesión de Cabildo urgente, reclamaron los inconformes, en su mayoría mujeres y ancianos.
En respuesta, el Ayuntamiento dio lectura a un documento al que titulan “Nota Aclaratoria”, donde deslindan al alcalde Filemón Aguilar Rodríguez de cualquier convenio en sigilo con el Congreso del estado.
De acuerdo con el escrito, se hizo del conocimiento que el Cabildo de Juan C Bonilla desaprueba la privatización del agua y de cualquier servicio público de la localidad.
“Manifiesto que es falso que el gobierno haya firmado convenio con alguna instancia que tenga el interés de privatizar el agua”, se leyó a nombre del presidente municipal.
Esto luego que en Juan C Bonilla han ocurrido una serie de protestas y manifestaciones porque presuntamente la autoridad cedió al gobierno del estado la administración de sus servicios públicos.
Sin embargo, los lugareños dijeron que no creen en la palabra de Filemón Aguilar y exigieron que este mismo martes se lleve a cabo una sesión de Cabildo extraordinaria, para desaprobar la medida.
Este martes se dio a conocer que más de la mitad de los 217 ayuntamientos de Puebla respaldaron la reforma al Artículo 12 para entregar al gobierno del estado el poder de operar y privatizar el servicio de agua potable en la entidad.
A pesar de ello, los ayuntamientos tendrán que atenerse a la nueva medida, por lo que algunos alcaldes anunciaron que interpondrán una controversia constitucional a la reforma.
Este es el caso del alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, quien la semana pasada notificó de manera oficial al Congreso del estado de Puebla, el rechazo del Cabildo a la Reforma Constitucional que busca retirar la administración y operación del agua potable a los municipios y que abre la puerta a su privatización.
El 6 de enero, la reforma fue aprobada en total discreción por el Congreso local, pero al tratarse de una modificación a la Constitución es necesario contar con la aprobación de la mayoría de los 217 ayuntamientos del estado.