La comisionada para el Acceso a la Información Pública y ex funcionaria morenovallista Alexandra Herrera Corona solicitó su reelección en el cargo pese a que la ley vigente impide esa posibilidad.
El presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de Puebla, Marco Antonio Rodríguez Acosta, explicó que el Poder Legislativo no ha publicado la convocatoria para sustituirla porque analiza si es viable su permanencia.
Explicó que la ex funcionaria estatal fue electa en diciembre de 2008 comisionada suplente bajo una legislación distinta que no prohibía la reelección, por lo que el área jurídica del Congreso analiza las implicaciones jurídicas de la solicitud que presentó el viernes pasado.
Alexandra Herrera llegó a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) en junio pasado para sustituir a Blanca Lilia Ibarra Cadena, por lo que renunció como titular de la Dirección del Registro Civil del gobierno estatal.
Rodríguez Acosta dio a conocer que la convocatoria para la renovación del cargo se emitió desde el viernes anterior con el aval de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, pero ya no se publicó el lunes debido a que llegó la petición de reelección de Alexandra Herrera.
En entrevista, dio a conocer que la junta solicitó un estudio externo sobre el caso para impedir que la reelección o renovación del cargo sea judicializada con la interposición de amparos por parte de los interesados.
El presidente del órgano de gobierno del Congreso, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, aseguró que la incertidumbre jurídica se resolverá en próximos días para continuar con el proceso de selección.
En otro tema, la Comisión de Presupuesto y Crédito Público autorizó al ayuntamiento de Xicotepec la contratación de un crédito de 70 millones de pesos que se destinará a la construcción de un cuartel y una unidad habitacional para personal militar.
El proyecto castrense fue anunciado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas el 20 de agosto pasado en un acto público en la región, donde precisó que la obra requeriría 240 millones de pesos, la mitad de los cuales serían aportados por el gobierno estatal y el restante por la administración federal.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ignacio Mier Bañuelos, descartó que el crédito ponga en riesgo las finanzas del ayuntamiento, ya que se pagará a lo largo de 30 años.