El pasado viernes se vivieron momentos de tensión en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, luego de que el gobierno ingresó tres camiones con pobladores de otras localidades con la intención de generar un enfrentamiento que finalmente no se produjo.
El objetivo de las autoridades fue reabrir las instalaciones de la presidencia auxiliar que permanecen cerradas desde hace 50 días.
Vecinos de la comunidad perifonearon para pedir auxilio al resto de la población, con el fin de repeler la posible embestida del gobierno.
En entrevista, Javier Pérez Pérez, hijo del ex alcalde de Canoa, advirtió que no permitirán que el gobierno retome el control de la comunidad que se encuentra en manos de los mismos pobladores.
La presidencia de Canoa está cerrada desde el 31 de octubre a raíz del encarcelamiento de su padre, el ex edil Raúl Pérez Velázquez, quien está recluido en el penal de San Miguel por oponerse a la entrega del servicio del registro civil.
Ante la ausencia de autoridad, el gobierno de Puebla rindió protesta al alcalde suplente Félix Flores el pasado lunes; sin embargo, la población advirtió que no lo reconocerá como presidente de Canoa porque no fueron consultados.
Este domingo, los hermanos Rocío y Javier Pérez Pérez encabezaron una asamblea pública para exigir justicia a su pueblo y la liberación de Raúl Pérez, quien no cometió ningún delito más que defender a su pueblo.
Rocío expuso que el viernes pasado, el mismo día que las autoridades intentaron que se diera un enfrentamiento en Canoa, su padre estuvo a punto de recuperar su libertad bajo caución, luego de que el juez liberó la orden de su salida y una fianza por 33 mil pesos.
Explicó que esto no fue posible, ya que el gobierno le imputó un nuevo delito a Raúl Pérez por supuestamente incurrir por segunda ocasión en abuso de autoridad.
Denunció que este mismo modo de operar del gobierno contra Raúl Pérez semanas antes se repitió con el caso del alcalde de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, quien el día que saldría libre se le acusó del mismo delito por segunda ocasión, violando con ello no solo sus derechos sino también la ley.
Rocío y su hermano Javier destacaron que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito, y el juez que está a cargo del caso incurrió en esta ilegalidad por órdenes de las autoridades.
Informaron que antes de iniciar una nueva estrategia legal esperarán el plazo de 72 horas para que su padre sea juzgado y, en su caso, consignado.
Durante la asamblea se hicieron públicas dos audiograbaciones en el que el secretario de Gobierno municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría, pide a Rocío que haya diálogo si le interesa su familia y el bienestar de su comunidad; y el segundo, donde el funcionario asegura que los hermanos Pérez no tienen órdenes de aprehensión en su contra.
Esto se debe a que el viernes pasado, el pueblo náhuatl de San Miguel Canoa rechazó que Félix Flores tomara posesión de la presidencia auxiliar y con ello reabriera el edificio público.
Incluso ese día se manejó la versión de que Rocío y Javier intentaron golpear a Félix Flores, por aceptar el cargo de edil.