Para abatir el rezago legislativo, el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo, propuso al Congreso local reducir de 180 a 90 días el plazo máximo para dictaminar las iniciativas, puntos de acuerdo y decretos.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el representante popular de izquierda acusó que en el primer año de trabajo de la LIX Legislatura se dio prioridad únicamente a los proyectos del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, los cuales fueron aprobados con pocas horas de análisis.
Asimismo, sugirió al Congreso permitir la participación de los diputados proponentes en la revisión de proyectos en comisiones, pues así se logrará una mayor inclusión en el trabajo parlamentario.
Julián Peña planteó las correcciones dentro de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado y al Reglamento Interior del Congreso que se turnó ayer a comisiones para ser dictaminada por los diputados.
De ser aprobado el proyecto, las comisiones tendrán la obligación de emitir el dictamen de la iniciativa en el termino de 90 días naturales contados a partir de que sea recibida por la comisión correspondiente, con la posibilidad de ampliar ese término hasta 30 días más cuando la iniciativa requiera un mayor análisis y lo solicite la comisión correspondiente.
Los representantes populares, puntualizó Juliá Peña, podrán dictaminar la iniciativa, punto de acuerdo o decreto para que sea aprobado o desechado por el pleno.
Además, los diputados proponentes podrán acudir a la sesión de comisión en la que se dictamine la iniciativa de ley, puntos de acuerdo o decreto que se haya presentado, donde tendrá derecho a voz con el fin de que defienda sus propuesta, pero no a voto.
Para tal efecto, el presidente de la comisión en cuestión deberá notificar al autor del proyecto legislativo la revisión del mismo, 48 horas antes de que sesione el órgano parlamentario.
Julián Peña aseguró que esas correcciones legitimarán la labor parlamentaria, dotando al proceso legislativo de transparencia y cumpliendo con el derecho de audiencia establecido en el artículo 14 y16 de la Constitución.