El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) exigió la renuncia de los delegados federales de la Sedesol y la Sagarpa, Juan Manuel Vega Rayet y Alberto Jiménez Merino, respectivamente, así como del alcalde capitalino, quienes abiertamente buscan la candidatura por sus partidos políticos a la minigubernatura.
En rueda de prensa, los dirigentes del MAS le pidieron también al edil Antonio Gali Fayad se deslinde públicamente del gobernador Rafael Moreno Valle, con quien dijeron está estrechamente vinculado.
Demandaron que se investigue a los delegados federales por desvío de recursos, debido a que están entregando cantidades millonarias en los municipios, provenientes de los programas sociales y violentando las reglas de operación.
Además, que se detenga de manera inmediata la promoción electoral de funcionarios públicos, y que las autoridades fiscalizadoras frenen el ingreso de recursos de procedencia ilícita y la violación esquemática a las leyes mediante actos anticipados de campaña.
Por otro lado, Marco Mazatle Rojas advirtió que el mote de candidatura independiente en Puebla es un discurso falso de la clase política, que ve en la bandera de independiente el mote preferido de personas con “intereses oscuros” para ganar adeptos y sorprender a la ciudadanía.
A unos días de iniciar el proceso electoral para la minigubernatura en Puebla, expuso que la crisis que atraviesan los partidos políticos genera preferencia por los candidatos independientes, pero señaló que se olvida que pueden ser controlados por poderes fácticos.
“No hay que olvidar que detrás del gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, hay un grupo de empresarios de la entidad que lo financió y que ahora buscará ejercer control sobre su mandato”, comparó.
Incluso, sostuvo que en Puebla no estamos exentos que se pueda repetir esta situación.
Tal es el caso –señaló– de Leodegario Pozos Vergara, quien participó en la campaña de Rafael Moreno Valle, apoyó a Javier Lozano, y a Cocoa Calderón a la gubernatura de Michoacán, y el ex delegado de la Secretaría de Transporte en Baja California, Alejandro Cruz Olivera, a quien se le acusó de enriquecimiento ilícito.