MÁS OPACIDAD

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) clasificó como información temporalmente reservada 34 expedientes relativos a la elección local de este año que tratan de la fiscalización de las campañas y precampañas, así como de las denuncias, apelaciones y procedimientos administrativos para la aplicación de sanciones que se presentaron a lo largo del proceso. Esta medida, a todas luces arbitraria, tiene al menos dos aristas que deben ser bien evaluadas: o bien los integrantes del instituto son proclives y practicantes de la opacidad o están sometidos a la lógica que impera en el Poder Ejecutivo estatal, donde se hace todo lo posible por ocultar la mayor cantidad y calidad de datos posible. Es así que la decisión implica un retroceso de dos décadas, pues desde que en 1994 se constituyó el Instituto Federal Electoral (IFE) y eso se consideró un punto neurálgico en la modernidad democrática del país, también se establecieron legislaciones y reglamentos tendientes a saber el origen de los recursos que los partidos y candidatos usan en las campañas, con el propósito de garantizar la mayor equidad posible, pero también de evitar que dinero mal habido o de fondos dudosos fuera a parar a las arcas de los contendientes. El mandar al archivo información valiosa sobre el presupuesto ejercido en el pasado proceso electoral, lejos de abonar a generar una percepción de legalidad y democracia, se alientan las sospechas sobre el uso que la coalición partidista que arrasó en los comicios haya logrado ese triunfo gracias a dinero que no podía ser fiscalizado.