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En el marco de una ceremonia para recibir un reconocimiento de la Universidad Iberoamericana Puebla, este sábado, José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), criticó los bajos salarios que reciben peritos y agentes del Ministerio Público en la entidad, advirtiendo que esa es una de las causas de las fallas que se cometen en el llamado Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Tiene razón el juzgador, integrante del Máximo Tribunal del país: en Puebla los sueldos que se les paga a los profesionales encargados de investigar delitos de toda índole, no es solo insuficiente sino que raya en la indecencia y los coloca, por principio de cuentas, en la línea del trabajo que ordena la desazón sino incluso en las garras de la corrupción.
De esta situación el responsable directo es Rafael Moreno Valle Rosas, pues durante su periodo como gobernador del estado, se encargó de desmantelar todo el aparato de recepción de denuncias y de investigación de delitos, con el propósito evidente de que ambos registros no llegaran a los indicadores nacionales para presumir que Puebla era un estado sin problemas graves de violencia o criminalidad.
En fechas recientes, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha acusado a Moreno Valle de estar vinculado a las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de hidrocarburos, lo que sería otra arista a investigar en la desarticulación del aparato de indagación de delitos.
Por lo pronto, en los hechos, son los ciudadanos poblanos quienes están padeciendo las carencias de un sistema gubernamental que no los protege y solo parece esquilmarlos para lograr fines de posicionamiento político particular.