La Línea 2 del metrobús de la ciudad de Puebla, que transita a lo largo de la avenida 11 Norte–Sur, se echó a andar a partir de la violación a los derechos fundamentales de concesionarios al exigirles que entregaran sus títulos en la víspera del inicio de la segunda troncal del transporte articulado el 10 de abril del 2015.
Así lo determinó una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito para tres de los 137 concesionarios del transporte público que durante años transitaron por esta arteria vial y que fueron erradicados la noche del 9 de abril de 2015; en esa fecha el entonces el secretario de Infraestructura y Transportes (SIT) hoy alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, publicó en el Periódico Oficial del estado de Puebla una declaratoria para anunciar su salida.
En la declaratoria que se entregó en las casas de los concesionarios del transporte público, Banck les informó que al día siguiente “deberán dar de baja en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos las concesiones rescatadas”.
El autoritarismo quedó exhibido en dicha publicación en la que: “se ordena a las autoridades competentes realizar la detención de los vehículos, que después de la entrada en vigor de la Declaratoria, continúen circulando”.
Ante la exigencia de la autoridad una centena de concesionarios ejercieron recursos legales. De hecho, en la glosa del quinto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se presume que “el Poder Judicial de la Federación ha reconocido suficientes razones de utilidad pública e interés general para negar los amparos en contra de la implementación de la Red Urbana de Transporte en el corredor de la 11 Norte–Sur”.
No obstante, no se mencionó que en la Declaratoria publicada en el Periódico Oficial fueron exhibidos los nombres de 137 transportistas a quienes se les ofreció una indemnización de casi 20 mil pesos. Tampoco se detalló que tres integrantes de la familia Sierra de la Rosa fueron encarcelados en el Centro de Reinserción Social de Puebla, desde el 15 de marzo de 2015, supuestamente por falsificar documentos para trámites de transporte aunque también eran los propietarios de 117 concesiones que debían salir para dar paso al metrobús.
Aunque la gran mayoría de los amparos fracasaron, la justicia federal dio la razón a tres concesionarios: 337/2015 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito, 936/2015 del Sexto de Distrito y el 184/2015 del Quinto de Distrito, todos estos luego fueron concedidos por el Tribunal Colegiado.
Estos amparos abogaron para hacer valer el artículo 14 de la Constitución, en el que se habla de la garantía de audiencia y que involucra que el afectado sea oído y vencido en juicio, previo al acto de molestia y respetando los derechos fundamentales del debido proceso, como el emplazamiento, derecho a contestar una demanda, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y una resolución con base a dichas consideraciones procesales.
En la Declaratoria de Rescate se expuso que “por causas de utilidad pública e interés general, el rescate de las concesiones otorgadas para la prestación del Servicio Público de Transporte que se enlistan a continuación…” Luego se expuso que derivado del rescate, quedaban sin efectos los documentos inherentes a las concesiones (título de concesión, tarjetón, tarjeta de circulación y placas), que fueron expedidos para la prestación del servicio correspondiente.
Por esta situación la justicia determinó, en el caso del amparo 504/2015, que “al no controvertir la figura del rescate como una figura extintiva de su concesión, sino la violación a sus derechos fundamentales por el acto de autoridad” se ampara y protege al concesionario que promovió la gracia contra los actos reclamados del secretario de Infraestructura y Transportes del gobierno del estado de Puebla, al Titular de la Dirección de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del gobierno del estado de Puebla.
SIT acata resolución y amaga de nuevo
El en el oficio número SIT– DGJ/2016/ la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT), ahora a cargo de Diego Corona Cremean, reconoce que el 19 de agosto del 2016 se recibió el oficio número 36600/2016 en el que la Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, requiere a la autoridad responsable para que remita las constancias con las cuales demuestre haber acatado la sentencia de mérito.
Es así que el 23 de agosto del 2016 Diego Corona firmó el oficio en el que “se deja insubsistente la Declaratoria que emite el Secretario de Infraestructura y Transportes del gobierno del Estado, por la que por causa de utilidad pública e interés general, declara el rescate de las concesiones que se mencionan en el resolutivo primero de la presente y que fueron otorgadas para la prestación del servicio público de transporte; publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 de abril del 2015, así como todas sus consecuencias legales”.
En el documento, del cual se tiene copia, se aclara que dicha insubsistencia es únicamente respecto a una concesión y que ese caso es para la ruta 25–A.
“Por lo que se restituye al quejoso en el pleno goce del derecho de garantía de audiencia y debido proceso que se vulneró previo a hacer efectiva la declaratoria de rescate reclamada, en el entendido que ello no lo exime del cumplimiento de todas las obligaciones que le señala la Ley del Transporte para el Estado de Puebla…”.
Sin embargo, luego de aceptar esto se ordena, otra vez, notificar al concesionario el inicio del procedimiento de rescate de concesiones por causa de utilidad pública e interés general, a fin de salvaguardar la garantía de audiencia previa del interesado.
Los tres juicios de amparo que resultaron a favor de los quejosos, y que fueron publicados en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, abrieron la posibilidad para que otros de los 137 concesionarios que perdieron su patrimonio desde abril del año pasado presentaran recursos de revisión con el respaldo de hacer valer el derecho de audiencia.
De hecho, desde que salió la sentencia a favor de los concesionarios éstos se han reunido luego de un año en el que pensaban que todo estaba perdido para hacer frente e intentar recuperar su patrimonio.
El fin de los transportistas por Línea 2
La llegada a Puebla de la modalidad Autobús de Transito Rápido (BRT por sus siglas en inglés), como se conoce mundialmente al metrobús, representa el fin para algunos concesionarios del transporte público.
Así lo manifestaron transportistas de rutas que han desaparecido, como Galgos del Sur y 25A, y que están en vías de desaparecer, como Rápidos de San Antonio, Bulevar–CU y así como las rutas 72 y 72–A.
A tres años de la puesta en marcha de la Línea 1 del metrobús, el presidente de los concesionarios que salieron en 2013, Juan Cervantes Hernández, reveló la semana pasada que se pretende entregar su ruta a Jesús Padilla Zenteno, presidente y director general del Corredor Insurgentes (CISA) en la Ciudad de México y representante de más de 2 mil 400 concesionarios que operan en 19 ramales en la capital del país.
Jesús Padilla Zenteno es también presidente nacional de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) y en mayo pasado fue electo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México (Coparmex CDMX) para el periodo 2016–2018.
En el caso de la Línea 2 del metrobús, a 16 meses de su inicio los concesionarios continúan esperanzados en la justicia federal y pegado a ellos están transportistas que resultarían afectados por la entrada de la Línea 3 y que está por arrancar en la próxima administración estatal.
Propietarios del transporte público que todavía circula por el bulevar 5 de Mayo, como Rápidos de San Antonio que tiene 60 unidades y ruta Bulevares, que suma 79, afirmaron que viven a la expectativa de la próxima jugada de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT).