Con la Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Ejecutivo federal, en el país se legalizarán casos similares a los de Tlatlaya o Ayotzinapa, advirtieron juristas, académicos, autoridades y expertos en la materia, durante el Foro Estatal que organizó el ayuntamiento de San Pedro Cholula para estudiar y analizar la nueva norma que propusieron debe ser abolida.
Además concluyeron que la Ley de Seguridad, que entró en vigor el pasado 21 de diciembre, es ambigua y que busca imponer el Mando Único en todos los niveles de gobierno de México.
El encuentro fue encabezado por el alcalde José Juan Espinosa Torres, el precandidato al Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, y el diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues.
También participaron activistas, especialistas en derechos humanos, académicos del estado de Tlaxcala, autoridades del gabinete municipal de San Pedro Cholula, así como organizaciones no gubernamentales, como Artículo 19 y empresarios, entre otros.
Los ponentes coincidieron que la Ley busca desaparecer las corporaciones de seguridad pública en el nivel de los gobiernos municipales.
En su intervención, el catedrático de la Universidad de Tlaxcala, Mario Santiago Juárez, consideró que con la Ley de Seguridad Interior el estado legitima y da “carta blanca” a los militares para actuar sin permiso.
Por lo anterior, advirtió que podrían darse actos de abuso de autoridad que ya hemos visto en meses anteriores como Tlatlaya o Ayotzinapa, cuando lo que se debió hacer es fortalecer a los ministerios públicos, fortalecer el estado de derecho y no debilitarlo.
Tras explicar los conceptos como seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad democrática y el enfoque epidemiológico de la violencia, la consejera estatal de Derechos Humanos, Georgina Ruiz Toledo, indicó que todos se rigen por los derechos humanos y destacó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), si bien el fenómeno de victimización delictiva y percepción en Puebla está por debajo de la media nacional, ha aumentado en el último año la percepción de inseguridad en la entidad.
Por su parte, el presidente de Grupo Litigium, Gonzalo Castillo, aseguró que la Ley de Seguridad Interior fue la legalización de la ineptitud.
En su turno al micrófono, la contralora municipal Norma Estela Pimentel señaló que la ley genera conflicto constitucional entre los artículos 6 y 29, pues deja sin posibilidad a los ciudadanos de preguntar, además de que los datos personales parece que no existen.
Otro de los ponentes fue el coordinador de la Unidad de Prevención al Delito, Seguridad Ciudadana y Protección Civil del gobierno municipal, Fernando Fierro Aldana, quien destacó que los policías municipales no deben ser satanizados y por el contrario deben tener el apoyo de la gente para que a su vez ellos puedan cuidar las calles y hacer el trabajo que les corresponde.
Por su parte, el diputado federal Alejandro Armenta informó que la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acudió a la Cámara de Diputados a firmar y presentar el documento de inconstitucional que establece seis argumentos jurídicos de por qué es inconstitucional la referida ley.
Mientras el legislador, también morenista, Rodrigo Abdala consideró que hay dos caminos en el país: la continuidad que ha generado este estado de pobreza y de pocas oportunidades con los mismos de siempre, o el camino donde los ciudadanos puedan asumir el rol de directores de México.
Al clausurar el acto el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, aseguró que muchos de los argumentos que se expusieron formarán parte de la audiencia que tendrá ante el ministro responsable de la controversia que se ha presentado la controversia constitucional, y aclaró que el recurso no fue desechado como se pretendió hacer creer.
Asimismo, anunció que efectuarán un foro más en los próximos días en el municipio de Tehuacán, el segundo más grande del estado después de la ciudad de Puebla.
El edil cholulteca dijo que su administración también está abierta para que el Foro se efectúe dentro de universidades públicas y privadas, de donde han recibido el llamado de estudiantes universitarios en su interés por participar.
“Si los rectores y las sociedades de alumnos así lo determinan, estaremos con ellos para explicar e informar lo que estamos haciendo”, aseveró.
Espinosa Torres adelantó que habrá se publicará un resolutivo del Foro Estatal que se dará a conocer en los diarios de mayor circulación y en redes sociales, a fin de coadyuvar a que la población esté informada.
“Una población informada, es una población empoderada que no permite excesos ni abusos de ningún nivel de gobierno”, aseveró.