La privatización del agua que pretende aplicar el gobierno del estado de Puebla “es consecuencia de la mala administración gubernamental de Rafael Moreno Valle”, quien lejos de emprender soluciones de fondo, dejará en manos de la iniciativa privada un recurso público, señaló el economista Alejandro Chávez Palma.
El también profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla señaló que tanto el mandatario estatal como los diputados que aprueben el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) para los sistemas operadores de agua, serán responsables de aumentar el número de pobres en la entidad, lo que se verá reflejado en los futuros resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Afirmó que de acuerdo con el Coneval, 62 por ciento de la población estatal está en condiciones de pobreza, y por tanto no se le puede aumentar la carga impositiva con la privatización del agua, pues ya tienen más que suficiente con el incremento de los alimentos, los gasolinazos, el precio del gas, el posible incremento al transporte público, las cuotas escolares, el pago de servicios de salud, el teléfono, la televisión y otros servicios costosos.
El pasado jueves, en el Congreso del estado, el gobernador Rafael Moreno Valle presentó al Congreso del estado una iniciativa de reforma que permitiría concesionar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que actualmente brindan los municipios u organismos operadores, para cederlo a particulares.
Además, propuso eliminar la facultad que tiene el Poder Legislativo de autorizar la “Estructura Tarifaria” para el cobro de derechos, productos y contribuciones, en caso de que los prestadores del servicio tengan a su cargo dos o más municipios.
En la iniciativa también se determinó que los adeudos de los usuarios serán considerados “créditos fiscales”, lo que permitiría a la autoridad emprender un proceso judicial contra los morosos que podría derivar en la imposición de sanciones por la comisión de un delito fiscal.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Chávez Palma señaló la gravedad de que sean las empresas y no los diputados los que impongan la estructura tarifaria de cuotas que pagará una sociedad mayoritariamente empobrecida.
Indicó que en el caso del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), la deuda estimada en lo que va de 2013 es de 2 mil 823 millones 920 mil pesos, pero esta deuda contingente se pudo haber reestructurado, e incluso saneado si el mandatario Moreno Valle hubiera establecido los mecanismos necesarios con instituciones como la banca de desarrollo.
La deuda de los organismos operadores de agua de Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Tlachichuca y Xicotepec, que el gobierno también reconoce como propia, suma 204 mil pesos.
Subrayó que actualmente el ingreso promedio de los hogares en Puebla es el cuarto más bajo del país, con 9 mil 36 pesos, e incluso es menor al ingreso promedio en los hogares de Tlaxcala, que es de 9 mil 330 pesos. El ingreso de los hogares poblanos está alejado de los 18 mil 898 pesos promedio de Nuevo León; de 17 mil 95 pesos, del Distrito Federal y los 15 mil 998 pesos, de Sonora, entre otros estado del país, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
En las elaboraciones de datos estadísticos que el propio profesor universitario ha realizado con base en los dos primeros informes de la gestión estatal 2011–2017, se puede observar que la administración de Rafael Moreno Valle redujo su inversión en pública en infraestructura en menos 11.1 por ciento.
Así, de acuerdo con los datos proporcionados por Chávez Palma, por sectores de inversión en el de vivienda y servicios básicos –que es donde entra el SOAPAP y los demás organismos operadores–, fue de 7.86 por ciento del total del presupuesto destinado a infraestructura en 2012.
“Esto impacta severamente en el aumento de la pobreza y la pobreza extrema en todo el estado, pero sobre todo en la capital del estado. En Puebla, en dos años el precio de una decena de alimentos se encareció, pues la compra de 10 productos de la canasta básica en 2011 costaba 134.42 pesos, pero en 2013 estos mismos productos tienen un valor de 188.37. Y a todos los gastos que ya existen se le quiere imponer a la población la privatización del agua. Va a ser un castigo muy severo, sobre todo para la población más empobrecida”, señaló.
Chávez Palma destacó que la inversión en infraestructura que realiza el gobierno del estado es mayoritariamente en la ciudad, en el centro urbano del municipio de Puebla, ni siquiera en las colonias de la periferia donde la población paga por un servicio de agua que no recibe.
No estaba en el Plan
Estatal de Desarrollo
Para el presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, Arturo Barbosa, privatizar el agua a través de un PPS se trata de una medida que no estaba plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo y por lo tanto, como otros proyectos que no estaban incluidos pero que el gobierno del estado ha realizado, no justificará su gasto ni su beneficio.
La privatización, por lo tanto, no resolverá de fondo los problemas del SOAPAP, consideró.
Indicó que los ciudadanos tienen la obligación de exigir al gobierno del estado que cumpla con lo establecido en su propio plan de desarrollo, pero sobre todo, la administración de Rafael Moreno Valle no puede pasar por alto que los planes y proyectos de impacto social y ambiental deben pasar por una consulta pública, pues así lo establecen las leyes.
“Somos los ciudadanos los que debemos decidir el desarrollo de nuestra ciudad”, afirmó.
Recordó que 60 por ciento de la ciudad de Puebla se encuentra padece un desorden urbano debido al crecimiento desmedido y sin control de colonias, asentamientos irregulares habitacionales e industriales que los gobiernos, tanto estatal como municipal, se han negado a encauzar dentro del marco legal, precisamente por la falta de cumplimiento y actualización de los planes de desarrollo.