La Procuraduría General de Justicia (PGJ) tiene en calidad de detenidas a cinco personas y dos testigos por el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Samuel Malpica Uribe, perpetrado la noche del pasado martes cerca de su domicilio en el fraccionamiento Jardines de San Manuel, de la capital poblana.
Ayer, María Eugenia Ochoa, quien tuvo una relación sentimental con la víctima, fue prácticamente llevada por la fuerza a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), donde permaneció aislada durante nueve horas rindiendo su declaración en calidad de testigo, sin que se le permitiera la asistencia de su abogado o le fuera presentado el citatorio para comparecer que la ley obliga.
La otra testigo es quien fue la última pareja de Samuel Malpica, quien en sus primeras declaraciones habría dicho a las autoridades que el ex rector planeaba iniciar ayer una huelga de hambre para que se le hiciera caso a la denuncia sobre una presunta red de corrupción en la UAP.
Desde la madrugada de este miércoles, a menos de tres horas de que se hubiera perpetrado el crimen, el gobierno estatal que encabeza el panista Rafael Moreno Valle dio a conocer las principales líneas de investigación, asumiendo en la mayoría de ellas un móvil político.
A la 1:12 horas del 3 de julio –el homicidio se cometió pasadas las 22:15 del martes–, a través de un comunicado emitido por la Secretaría General de Gobierno (SGG) se informó que “en sus primeras declaraciones la esposa del victimado pudo formular ya, ante las autoridades ministeriales, diversos señalamientos que abren distintas líneas de investigación. La declarante afirma que en el curso de este día (3 de julio) el ex rector se proponía emprender una huelga de hambre relacionada con su demanda pública, formulada en relación con irregularidades administrativas cometidas por administraciones anteriores, en contra de la máxima casa de estudios del estado”.
“Además, como fue ampliamente documentado en las declaraciones formuladas ante medios de comunicación por el propio ex rector y como consta en una denuncia formal presentada ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se suman otras líneas de investigación, como las amenazas formuladas en su contra por su ex pareja y también por la ex abogada de la universidad, así como las realizadas por un asesor de la propia institución académica. A ello se agregan diversos precedentes dentro de los cuales se registra la agresión con arma blanca de la que fue objeto hace apenas seis meses, en las que en su momento el ex rector formuló diversas imputaciones”, se explicó.
Las investigaciones sobre los hechos han confirmado que en sus últimos minutos Malpica Uribe salió en short y sandalias a comprar un medicamento a una farmacia que se encuentra cerca del que fue su domicilio. Como no le alcanzó el dinero, retornó a su hogar y al volver a salir fue ultimado de un disparo certero en el pecho.
Cerca del cadáver fueron encontradas dos pistolas y ninguna era de juguete, como se había señalado al principio en algunas versiones periodísticas de medios locales. Sin embargo, las autoridades aún no pueden determinar si la ojiva de la bala que impactó en el tórax de Malpica Uribe corresponda al del arma que fue encontrada cerca de su cuerpo, y de la que presuntamente se hizo el disparo que acabó con su vida.
Como resultado de las pesquisas también fue asegurada una camioneta tipo Hummer en las instalaciones de la Policía Ministerial; esta camioneta estuvo circulando por horas en la zona de la colonia San Manuel, donde ocurrieron los hechos.
Además, minutos antes de que ocurriera la muerte de Malpica, se realizó una serie de disparos con balas de pintura hacia la farmacia a la que fue el ex rector a abastecerse. Los investigadores suponen que ese hecho tuvo el fin de distraer a los elementos de las corporaciones policiacas que vigilaban la zona.
Incomunicada
Al filo de las 7:30 de la mañana, dos patrullas de la Policía Ministerial llegaron a la Unidad Habitacional Los Héroes, donde vive María Eugenia Ochoa, quien hace tiempo fue pareja sentimental de Samuel Malpica Uribe. Sin entregar un citatorio o exhibir una orden de presentación, los agentes abordaron a la universitaria y le dijeron que los tenía que acompañar. Intimidada, ella accedió.
Durante nueve horas, Ochoa permaneció incomunicada en las instalaciones centrales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), tiempo en el cual sólo le permitieron hacer dos llamadas, las cuales utilizó para comunicarse con su abogado, Abelardo Cuéllar Delgado, y con sus familiares.
Sin embargo, las autoridades ministeriales se opusieron durante todo ese tiempo a que el defensor asistiera a la activista en la rendición de su testimonio. En todo momento María Eugenia Ochoa preguntó si estaba detenida, a lo que el representante social le respondió que su presencia era en calidad de testigo.
Cuando Ochoa cuestionó por qué no le permitían la presencia de un litigante en la diligencia y por qué no le habían presentado el citatorio de ley, le pretextaron que se trataba de “razones de seguridad”.
En declaraciones a esta casa editorial, Cuéllar Delgado consideró que María Eugenia Ochoa estuvo sometida a tortura psicológica y que en esas condiciones lo que hubiera declarado ante el Ministerio Público carece de validez, pues se violentó el espíritu marcado por la Constitución para las diligencias.