En memoria de Víctor Espíndola
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destaca que la deuda pública disminuye su participación respecto al Producto Interno Bruto (PIB) por primera vez en 10 años. De haber representado 48.7 por ciento del PIB en 2016, ha pasado a ser 46.2 por ciento en 2017. Para alcanzar tal objetivo, ha procedido a disminuir el gasto público, el cual fue menor en 8.7 por ciento en términos reales respecto al cierre de 2016. Ello con la finalidad de alcanzar un superávit primario (el que excluye el pago de intereses), que ascendió a 310 mil 151 millones de pesos, que es equivalente a 1.4 por ciento del PIB, lo que le permitió reducir el déficit público total (que incluye el pago de amortizaciones e intereses) que se ubicó en 238 mil 472 millones de pesos, que representa 1.1 por ciento del PIB. El gobierno federal ha priorizado los objetivos de reducción del déficit fiscal y el monto de la deuda para quedar bien con los acreedores financieros y ser buen pagador de la deuda, así como para contraer demanda y frenar las presiones inflacionarias que puedan trastocar la valorización del capital de los dueños del dinero. Ello lo logra a costa de contraer el gasto público y la inversión, así como la actividad económica, la generación de empleo, y acelerar la privatización de los sectores estratégicos de la economía, como los servicios públicos. El consumo de gobierno más la inversión pública, en diciembre de 2012 representaban 15.6 por ciento del PIB, mientras que en el primer semestre de 2017 pasaron a representar 13.5 por ciento, evidenciando la clara reducción de la participación del gobierno federal en la actividad económica, que trae consigo la mayor participación del sector privado en la economía, con la clara privatización de ésta, y la mayor desigualdad del ingreso. La inversión pública es la que muestra una fuerte caída. En los cinco años del actual gobierno, la inversión muestra una disminución de 7.9 por ciento promedio anual. De ser la inversión pública 20.5 por ciento del total de la inversión en 2012, pasó a representar 13.5 por ciento en el primer semestre de 2017.
El superávit fiscal se ha traducido en una fuerte reducción de la inversión pública, lo cual atenta sobre el desarrollo tecnológico, como de la infraestructura, y los sectores estratégicos de la economía, los cuales han sido cedidos a la cúpula empresarial nacional e internacional. Todo ello atenta sobre el crecimiento potencial de la economía, como sobre el usufructo de la riqueza nacional, la cual pasa a ser apropiada por los dueños del dinero, como consecuencia de las políticas de austeridad fiscal y las reformas estructurales que le acompañan. Tales políticas aceleran la privatización, no solo de los sectores estratégicos (industria petrolera, eléctrica, telecomunicación, infraestructura), sino también de los servicios públicos (educación, salud, transportación, agua, etcétera), lo que agrava los niveles de vida de las grandes mayorías de la población, debido a que, además de no contar con empleo bien remunerado y con prestaciones laborales, tiene que pagar por todos los servicios públicos.
El gobierno federal festina el superávit primario y la reducción de la relación de endeudamiento en 2017, pero ello no se mantendrá por mucho tiempo, pues la desaceleración de la actividad económica que genera dicha política, contrae el ingreso de empresas e individuos, y con ello la captación tributaria, lo que presiona sobre las finanzas públicas. Asimismo, el deterioro de la capacidad productiva que ocasiona la contracción fiscal, se traduce en presiones sobre precios y el tipo de cambio, lo que llevará a que las tasas de interés sigan aumentando, y presionará sobre el costo de la deuda pública interna y externa, aumentará el servicio de la deuda pública, como el déficit fiscal y el monto de la deuda. A ello se sumará el mayor monto de la deuda privada que ocasiona el superávit fiscal, debido a que éste contrae las ventas e ingresos de las empresas, las cuales ven empeorada su situación financiera. De seguir las altas de interés y los recortes presupuestales, se incrementarán los problemas de cartera vencida del sector privado, que llevarán a la banca a tener problemas, obligando a que el gobierno tenga que entrar a su rescate, lo que presionará sobre sus finanzas públicas. La política de superávit fiscal, más que contribuir a estabilizar la economía, la lleva a la crisis, pues contrae el mercado interno, y agrava los problemas del sector privado, en un contexto donde las exportaciones enfrentan una alta incertidumbre frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Ello lo ha logrado a través de mantener la disminución de la inversión pública (Formación Bruta de Capital Fijo).