Ernestina Fernández Méndez, presidente municipal, ganó la controversia constitucional que interpuso en contra de las sanciones que dictaminó en su contra el Congreso del Estado el año pasado, incluyendo el ellas su destitución del cargo, por supuesto desvío de recursos públicos detectados en su cuenta pública 2014.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con tres votos a favor y dos en contra dio la razón a Fernández Méndez al considerar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no respetó el procedimiento que la ley obliga para notificar a las autoridades municipales sobre observaciones a las cuentas públicas.
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia final por parte de la SCJN sobre el tema, luego de un año 7 meses de litigio que inició el síndico, Miguel Ángel Romero Calderón, quien expresó que fue un proceso largo y muy reñido ya que los abogados del Congreso y de la ASE buscaron por todos los medios convencer a los magistrados de que tenían la razón.
La sanción que el congreso dictó contra Ernestina, además de la destitución como presidente de Tehuacán, incluía el pago de 150 millones de pesos, así como la inhabilitación par ocupar cargos públicos por un periodo de 12 años.
Romero Calderón recordó que ni Ernestina Fernández ni él, en su calidad de síndico, recibieron alguna notificación sobre las presuntas irregularidades de la cuenta pública, lo cual se debe cumplir por parte de la ASE para que las autoridades tengan la oportunidad de justificar los gastos que se observan por parte de la auditoría.
Pero, añadió, entre las observaciones que se hicieron a esa cuenta pública, incluyeron recursos que el ayuntamiento de Fernández Méndez no manejó, algunos correspondientes a la administración de Eliseo Lezama y otras hasta de la comuna que encabezó Félix Alejo Domínguez, como es el caso de los 35 millones de pesos que se entregaron para la construcción de la planta tratadora de aguas residuales de Tehuacán, caso por el que todavía se tiene un litigio contra la empresa Odys Asversa.
“Se buscaba ejecutar una gran injusticia” manifestó Romero Calderón al explicar que finalmente la Corte le dio la razón de modo que quedó sin efecto toda sanción aprobada por el Congreso del Estado y ahora la ASE está obligada a reponer el procedimiento de notificación.
Con esta decisión de los magistrados Ernestina Fernández concluirá su gobierno, el próximo 16 de octubre sin ningún problema, afirmó el síndico quien dijo estar satisfecho por la defensa que se hizo en ese caso.
Esta es la segunda controversia constitucional que Tehuacán ganó en esta administración, la primera fue contra el Gobierno del Estado que pretendió quitar al ayuntamiento el derecho para prestar el servicio de Catastro, acción que se prohibió durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y que se definió en la gestión de Antonio Gali Fayad.
“No se puede estar sancionando sin justificación, esto sienta un precedente a nivel nacional para los municipios” enfatizó Romero Calderón al exponer que en el ayuntamiento tehuacanense se ha tenido mucho cuidado del recurso económico y todos los gastos están justificados, por lo cual solo se está a la espera de la notificación de la ASE para hacer la justificación de las observaciones que se tengan en la cuenta pública 2014.