Al denunciar que el gobierno estatal del PAN que encabeza Antonio Gali Fayad impulsa un “boicot” contra el Congreso de Puebla por aprobar iniciativas contrarias a los intereses de su grupo político, las bancadas mayoritarias de Morena, el PT y el PES amagaron con solicitar la desaparición de poderes.
Los inconformes realizaron la advertencia en un desplegado que publicó este día La Jornada de Oriente, en el que solicitaron al presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, y a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Porfirio Muñoz Ledo y Marti Batres Guadarrama, respectivamente, fijar postura sobre el tema.
La declaratoria de desaparición de poderes corresponde al Senado de la República, el cual tendría que nombrar a un mandatario local provisional para que convoque a nuevas elecciones, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución del país.
Acusan amenazas e intentos de sobornos
El documento es firmado por 22 de 41 diputados locales, quienes acusaron que han sido objeto de amenazas, chantajes e intentos de sobornos por echar atrás reformas y leyes que impulsó el ex gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas.
Las normas morenovallistas “violentaron los derechos humanos como la llamada Ley Bala y la Ley de Expropiación Exprés”, “la autonomía municipal y juntas auxiliares, así como la autonomía de la Fiscalía General del Estado”, denunciaron los legisladores.
Afirmaron que la actuación de Gali obedece a un intento de su grupo político, encabezado por el actual senador Rafael Moreno Valle Rosas, de mantener sus privilegios por medio de sus relaciones públicas y económicas.
“La vida institucional en Puebla no resistiría seis años más bajo el yugo, el control y sumisión a los intereses de la familia Moreno Valle y su grupo político”, alertaron.
Veta Gali tres de cinco decretos del Congreso: Espinosa
El presidente de la mesa directiva del Congreso, José Juan Espinosa Torres, informó ayer en un acto público que Antonio Gali ha vetado tres de cinco decretos aprobados por la LX Legislatura, la cual dio inicio el 15 de septiembre pasado.
El boicot denunciado por las fracciones de Morena, el PT y el PES consiste en la negativa de la Secretaría General de Gobierno (SGG) a publicar en el Periódico Oficial del Estado (POE) las modificaciones aprobadas por los diputados, ya que es requisito para que entren en vigor.
Entre los decretos vetados se encuentra una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que obliga la designación de un fiscal por parte del Congreso, para sustituir al actual encargado de despacho Gilberto Higuera Bernal, quien llegó al cargo por decisión de Víctor Antonio Carrancá Bourget, ex procurador de Moreno Valle.