Comunidades nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla, que se verán afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Puebla 1, a cargo de la empresa Deselec-Comexhidro, desconocieron la creación de una nueva asociación civil que avaló el proyecto y dividió la lucha social, a cambio de administrar el recurso en “beneficio” de los pueblos.
Se trata del Frente de Comunidades Unidas para el Desarrollo de los Pueblos, conformada por habitantes de los municipios de Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, quienes autorizaron la instalación a partir de enero de la hidroeléctrica Puebla 1 en la cuenca del río Ajajalpan.
Incluso, nombraron al perredista Francisco Ángel Serrano, como administrador de la recién creada asociación civil, sin especificar cuál será el porcentaje de beneficios económicos a los que tendrán acceso por la actividad hidroeléctrica, en favor de la construcción de espacios públicos como clínicas o escuelas.
Los pobladores que desde hace más de un lustro encabezan una movilización social en contra del proyecto, que minará sus recursos naturales y la vida comunitaria, advirtieron que podría haber un conflicto social si no se frena esta embestida en contra los pueblos.
Señalaron que se trata de una represión más en contra de los opositores a la hidroeléctrica, pues recordaron que hace unos días fueron liberados 14 órdenes de aprehensión en su contra.
No dudaron que detrás de esta nueva organización esté el gobierno de Rafael Moreno Valle, a quien señalaron de entreguista del recurso naturales de las comunidades, a quienes se les imponen los proyectos sin consultarlos.
Refirieron que el nuevo Frente habla de las bondades del hidroeléctrico que generará 400 empleos a las comunidades de Zoquiapa, Cuatepalcatla y Emiliano Zapata, pertenecientes al municipio de Tlapacoya, y a Xochimilco, Xochicugtla, Altica y la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán.
Sin embargo, declararon que estos empleos no son para la gente de la región, pues Deselec-Comexhidro viene a la Sierra Norte con su personal contratado.
Lamentaron que pobladores de las comunidades afectadas se presten a este “juego sucio” del gobierno morenovallista, asegurando que sí fueron consultados previamente, y que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE9 sí cumplieron con los estándares establecidos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reclamaron que las negociaciones con la empresa, iniciadas hace aproximadamente seis años, derivaron además en un acuerdo meramente económico.