Democracia con adjetivos

Hey tú, no les ayudes a enterrar la luz.

No te des por vencido sin luchar.

Pink Floyd


 

Las reales o supuestas bondades de la democracia son cuestionadas cada vez con mayor intensidad y frecuencia por la ciudadanía, supuesta beneficiaria de aquellas. No es para menos, una y otra vez se hace evidente que quienes realmente se benefician del juego “democrático” son las élites del poder; desde los partidos políticos a los poderes fácticos, pasando por los carteras gordas.

A cada modificación legal tendiente a ampliar los derechos y libertades ciudadanas, le sigue un antídoto fríamente calculado para neutralizar su efecto. Aplica la vieja y usada máxima gatopardiana: cambiar para que nada cambie.

Y para operar tan siniestra estrategia los engranes institucionales siempre están debidamente engrasados. Cada quien hace lo que le corresponde con prontitud y corrección. Aunque las formas no siempre se guarden como dios manda. Eso poco importa, para ellos el fin justifica los medios.

Un ejemplo reciente es el de la consulta ciudadana. Primero se elevó a rango constitucional el reconocimiento a los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. Esta modificación sirvió de base para aprobar la Ley Federal de Consulta Popular, promulgada el 14 de marzo pasado, cuyo artículo 4 explica que “La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”.

Pero a la hora de “reglamentarla” le pusieron una maraña de argucias que, lejos de facilitar el ejercicio de un derecho constitucional, tiene la clara intención de nulificarla. Con todo, las propuestas de someter a consulta la reforma que privatiza la industria energética, superaron la etapa legislativa y llegaron a la Suprema Corte para su calificación final.

Y la Corte, que da unos pasos pa’delante y otros pasos para atrás, declaró pomposamente que el derecho ciudadano a “expresar su opinión” respecto a “un tema de trascendencia nacional”, reconocido expresamente en la Constitución, es inconstitucional. En qué quedamos pelona.

Los argumentos esgrimidos por los magistrados mejor pagados del mundo son de pena ajena, hacen sonrojar a cualquier pasante de leyes de una universidad patito. Simplemente volvieron a su tradicional sometimiento al mandato presidencial o, si se quiere suavizar la condena, no se atrevieron a enfrentarlo.

En dos patadas quedó anulada la posibilidad de que la opinión de los mexicanos revirtiera la decisión de una minoría que ha puesto en grave riesgo la soberanía nacional. No es una frase patriotera, el valor estratégico del sector energético es reconocido mundialmente. Pero, en todo caso, el alegato que aquí se establece es el regateo infame al ejercicio pleno de los derechos de los mexicanos. Encabezado, nada más y nada menos, por la Corte Suprema de la nación.

Para dorar la píldora también rechazaron las propuestas del PRI y del PAN (reducir el número de diputados plurinominales y aumentar los salarios mínimos, respectivamente) cuya intención de fondo era precisamente prestarse al sainete ranchero para camuflar la decisión de impedir, a toda costa, la expresión ciudadana con respecto a la reforma energética.

Mal de muchos es consuelo de tontos, reza el refrán, pero si de algo le sirve en España no cantan mal las rancheras, nunca mejor dicho. Los catalanes están empeñados en construir su propio Estado y el gobierno español en impedirlo. Es un diferendo histórico y los intereses en juego afectan no solo el entorno local, sino el de toda Europa y, por tanto, la geografía política mundial, así que la solución no es para nada sencilla.

El hecho es que, haciendo uso de su soberanía, el gobierno catalán había convocado a un referéndum para el 9 de noviembre y decidir sobre la independencia de Cataluña. El gobierno, es un decir, de Mariano Rajoy se opuso y remitió el asunto al Tribunal Constitucional. Este resolvió que el referéndum convocado era inconstitucional y ordenó la suspensión. Seguro que ya encontró el truco ¿a que sí?

El presidente catalán, Artur Mas, respondió con una propuesta alternativa, alegando que ya estaba lista toda la logística de votación. Su opción consistía (consiste) en eliminar el carácter referencial de la votación, es decir, quitarle toda obligación vinculante y dejarla simplemente a nivel de opinión de los catalanes con respecto al estatus político de Cataluña y su relación con España.

Este plebiscito descafeinado, carente de valor legal, tenía (tiene) obviamente un alto valor político, hecho que no pasan por alto las autoridades españolas y, en consecuencia, el Tribunal Constitucional volvió a prohibir su realización.

En Escocia, en una situación bastante parecida, el gobierno inglés aceptó la realización de un referéndum vinculante y el resultado fue, con estrecho margen, que la mayoría decidió permanecer en el Reino Unido bajo el gobierno de Londres.

Esto significa que en países con escasa cultura democrática y con fuertes raíces autoritarias, la libre expresión ciudadana es inaceptable, ya ni hablar de su participación en la toma de decisiones que les afectan. En tales condiciones los abusos de poder, la corrupción y la impunidad hacen su agosto y la democracia se viste con adjetivos, nada halagüeños por cierto.

Cheiser: A propósito. Ya le conté como el gobierno de Rafael Moreno Valle se agenció una buena lana con el obligado cambio de placas. Ahora ataca de nuevo con la verificación vehicular con tarifas que quitan el aliento. ¿Cómo es que nos dejamos meter la mano al bolsillo sin decir pío? Misterio.