Por medio de una misiva dirigida a la opinión pública, un grupo de académicos, investigadores e intelectuales de Puebla, hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para “que en la nueva gestión se establezca una política cultural de derechos, plural e incluyente, basada en los estándares que recomiendan los organismos internacionales y son característicos de las sociedades democráticas”.
Señalan que dicho llamado, se da ante “el próximo cambio de gobierno en Puebla y frente al progresivo deterioro de las relaciones de cohesión social, la pauperización del espacio público y la violencia generalizada que azota la entidad”. Los firmantes, entre ellos Ociel Mora, investigadores de Perspectivas Interdisciplinarias en Red AC; Juan Carlos Canales, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP; y los escritores Julio Eutiquio Sarabia, Antonio Madrid, José Sánchez Carbó, Juan Jorge Ayala y Gabriel Wolfson, entre otros, resumen su petición en seis puntos.
El primero de ellos, tiene que ver con la “separación inmediata de Turismo y Cultura, no sólo porque son dos actividades que no guardan armonía entre sí, sino porque sus objetivos y actos de gobierno son contrarios al interés que persiguen uno y otro organismo”. Acotan que “la evidencia al respecto es abundante y no se requiere volver sobre un tema ampliamente debatido por los especialistas”.
El segundo, es que “las acciones de gobierno estatales en materia de cultura deben estar en consonancia con las federales”, por lo que “es deseable que la nueva dependencia, ya desprendida del ramo turístico, recobre el estatus de secretaría que tuvo hasta hace ocho años, cuando de manera inopinada, y de espaldas a la comunidad cultural y artística, fue reducida en sus facultades”. Por tanto, dicen que “es deseable la creación de una secretaría de cultura”.
El tercer punto, tiene que ver con el titular de la nueva dependencia de cultura, quien debe ser “una persona ajena a los partidos políticos, prácticas clientelares, y con probado conocimiento del área y legitimidad en la comunidad cultural”.
En el cuarto renglón, los otros firmantes –a los que se suman los poetas Pablo Piceno, Samuel Pérez García y José Tlatelpas, y los promotores culturales Elizabeth Camargo y José Luis Escalera-, señalan que “por la naturaleza propia de la cultura, las acciones de gobierno de la nueva dependencia deberán estar sujetas al diseño y aprobación de un consejo consultivo, integrado por ciudadanos honorables, ajenos a los intereses que no sean los que anime la propia dependencia”.
En el quinto punto, señalan que la cultura es el principio de humanización más importante con el que se haya topado el hombre en su devenir histórico y, por tanto, uno de los factores más importantes para recomponer el dañado tejido social. En la sexto y última petición exigen que el nuevo “proyecto no puede atentar contra la pluralidad y la defensa de las reglas básicas de la vida democrática, sujeta a la autonomía de las instituciones, la horizontalidad en las decisiones y la transparencia”.
Concluyen que “las políticas culturales en Puebla han estado sujetas al capricho e intereses de los gobernantes en turno” por lo que es el “momento de dar un paso para redefinir las políticas culturales de cara a una sociedad cada vez más compleja, plural y exigente, y que vaya más allá de los llamados eventos artísticos”.
A los ya citados, se suman los académicos Libertad Mora, Jorge Efrén Arrazola Y Flora Molina, el dramaturgo Rodolfo García Cruz, el periodista Xavier Gutiérrez, y los activistas indígenas Rafael Bringas Marrero y Francisco Yáñez González.