Tal como se advirtió en esta columna, siete prestigiosas organizaciones ambientalistas y protectoras del patrimonio cultural ya han enviado una enérgica misiva al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para expresarle que sienten indignación por la pretensión de incorporar a su gobierno a personajes identificados con los sistemas de depredación de los ecosistemas, entre los que se encuentra Daniela Migoya Mastretta, a quien se le ofrecido el cargo de responsable de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en el estado de Puebla.
Y le señalan al futuro mandatario que permitir que Daniela Migoya Mastretta brinque de su actual cargo, que es la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a ser responsable de la Conafor, sería darle continuidad a las políticas neoliberales y depredadoras que protegieron los gobierno del PRI y el PAN.
En particular denuncian que miembros de la familia de Migoya Mastretta son quienes están a cargo de la organización Dale la Cara del Atoyac, que en los últimos ocho años han entablado relaciones con empresarios y gobiernos para obtener muchos millones de pesos, los cuales nunca se han auditado en el uso que se le ha dado a ese dinero y no se conoce ningún resultado de saneamiento del río que dicen proteger.
Las organizaciones firmantes son: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Asamblea Social del Agua, Esfera Poblana, Colectivo Hermanos Serdán, Matlalcueitl Alseseca, Puebla con Árboles, Tierra Baldía, comunicación y periodismo ambiental.
Hace un par de días, en esta columna se dio a conocer que se tiene en la lista de futuros funcionarios federales en Puebla a Daniela Migoya, a quien se le ha prometido ser la responsable –en el próximo sexenio que arranca en un par de semanas– del organismo dedicado al desarrollo forestal.
Ello pese a que se iniciaron investigaciones en su contra por favorecer proyectos que destruyeron recursos naturales en el norte y el centro de la entidad poblana.
Daniela Migoya llegó a su actual cargo el 15 de febrero de 2013 y tuvo tres características esenciales:
Primero: fue la delegada federal consentida del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ya que desde su cargo operó el otorgamiento de permisos de cambios de uso de suelo a favor de la administración morenovallista, sin observar que los proyectos de obras públicas dañaran el medio ambiente o estuvieran apartados de lo que marcan las normas.
Segundo: por esa razón Migoya Mastretta siempre se ha desempeñado en su puesto sin tomar en cuenta a los demás delegados federales en Puebla y nunca estuvo bajo el control de la coordinación de delegaciones en el estado, pues ella siempre supo que su permanencia en el cargo dependía de Rafael Moreno Valle y de los acuerdos que tenía con la administración del priista Enrique Peña Nieto.
Tercero: el saldo que dejó su actuación como encargada de proteger el medio ambiente es brutalmente desastroso para el equilibrio ecológico del estado, pues solapó o actuó con omisión frente a la tala de miles de árboles o de bosques completos, avaló el paso del Gasoducto Morelos por Puebla, dejó que avanzaran los proyectos mineros y de hidroeléctricas del Grupo México, junto con empresas canadienses y chinas.
Y lo que es más grave, guardó un silencio cómplice frente a los abusos del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, que incluye la aniquilación del aviario del Parque Ecológico y de 2 mil aves; la destrucción de la reserva Flor del Bosque, los daños ocasiones por obras como Ruta, ciclovías, remodelación de la zona arqueológica de Cholula y la construcción de calles, carreteras y hoteles.
Los agravios que dejó en el camino
Esta es la carta íntegra que le mandaron a Andrés Manuel López Obrador:
Designar a Daniela Migoya Mastretta como directora de Conafor sería dar continuidad a las políticas ambientales neoliberales del PRIAN.
En materia socio–ambiental –como en todo otro ámbito del desarrollo nacional–, durante el reciente proceso electoral y el actual periodo de transición en los que los ciudadano/as hemos hecho de Morena la primera fuerza política de México, se nos hicieron serias promesas de transformación que serán imposibles de cumplir si no hay cambios profundos en las políticas que nos rigen, y si no hay una verdadera voluntad de poner en los cargos estratégicos del país a personas con probidad, ética, experiencia, capacidad y, sobre todo, libres de compromisos con los sistemas de depredación que tanto han dañado a nuestros ecosistemas, derechos y patrimonio.
Ambientalistas y defensores del paisaje y del patrimonio que hemos seguido de cerca los procesos de daño ambiental que se han permitido en nuestro estado durante las últimas administraciones y que tenemos documentada la colusión en estos de los actores de las distintas instituciones que tendrían que haberlos impedido, vemos con preocupación e incluso indignación, la posible designación de Daniela Migoya Mastretta como responsable en Puebla de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ante lo cual, sumamos nuestras voces al llamado que algunos ya han externado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, de no entregar estas vitales responsabilidades, a personas que, como la referida, han lucrado con el medio ambiente. Migoya Mastretta es –como muchos de su familia– miembro central de “Dale la Cara al Atoyac”, una más que cuestionada organización que durante sus 8 años de existencia hemos visto firmando compromisos y tomándose fotografías con universidades, grupos empresariales y políticos de todas las estirpes (priistas, panistas, perredistas y ahora morenistas) de quienes ha obtenido millones de pesos, que no han sido debidamente auditados ni transparentados, para campañas e investigaciones de cero resultados (el río Atoyac está cada vez más contaminado).
Arropada por el renombre familiar, el 15 de febrero de 2013, tomó protesta como delegada en Puebla de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un cargo en el que, como bien se documenta en medios públicos, se dio a conocer como validadora de cambios de uso de suelo para obras morenovallistas y protectora de los intereses en Puebla del Grupo Atlacomulco, como en los distintos momentos en los que dio permisos a la empresa Sadasi –que forma parte del entramado de negocios del Grupo Atlacomulco– para talar miles de árboles en los bosques de La Calera para desarrollos inmobiliarios ecocidas, un tema por el que incluso fue denunciada penalmente en octubre de 2015 y en donde también fue destacado el caso de una consulta amañada que realizó (en un plazo de 14 días, por internet, con links de difícil acceso y sin ninguna difusión) a finales de 2016 para permitir más desarrollos. Aun cuando tenía en sus manos las herramientas de la Semarnat para identificar, evitar o sancionar crímenes ambientales, Migoya Mastretta nunca mostró contundencia para combatir los actos del crimen organizado en diversos municipios del estado (como ejemplo: la destrucción de 350 hectáreas de bosque por talamontes en Ahuazotepec, señalada en El Sol de Puebla en 2017); en 2014 hizo promesas incumplidas de llamar a cintura a Profepa y aclarar el paradero de los mil doscientos animales que fueron indebidamente sacados del aviario del Parque Ecológico, cuando este fue desmontado para ser sustituido por un árbol de plástico, concesionado por 30 años y bajo reserva a Africam Safari (cuyos dueños son miembros de Dale la Cara al Atoyac); no se pronunció en contra de ninguna tala masiva dentro del municipio de Puebla por obras morenovallistas como las ciclovías –elevadas e injustificamente costosas–, la remodelación de Flor del Bosque o las líneas de la RUTA (metrobus); no dio apoyo –dentro de su ámbito de atribuciones– a ningún ambientalista perseguido políticamente; y guardó absoluto silencio cuando, en 2017, su hermano –señalado en 2013 de intentar despojar de sus tierras a comuneros en el cerro Tlanimaconi de Cholula–, Arturo Migoya Mastretta fue acusado de cazar ilegalmente en zonas protegidas. Por el contrario, dio visto bueno a proyectos de muerte como el Gasoducto Morelos –al que calificó, en 2014, de “absolutamente viable”, seguro y de impacto ambiental poco significativo o las mineras que durante el periodo como fueron las minas e hidroeléctricas que impulsaron el Grupo México y empresas canadienses y chinas en la Sierra Norte y el sur del estado de Puebla. En conclusión, el relato documentado de la actuación como funcionaria de Daniela Migoya, muestra claramente que incumple los requisitos de probidad, ética y libertad de conflicto de intereses; todos ellos exigibles a aquella persona que aspire a puestos de la función pública, con el añadido de la importante función social y de garantía del Artículo 4º de nuestra Carta magna, que este estratégico cargo exige.
Firman:
Asamblea Nacional
de Afectados Ambientales
Asamblea Social del Agua
Esfera Poblana
Colectivo Hermanos Serdán
Matlalcueitl Alseseca
Puebla con Árboles
Tierra Baldía, comunicación
y periodismo ambiental.