Los presidentes municipales de Soltepec y Mazapiltepec solicitaron al Congreso de Puebla anular los convenios que firmaron con el gobierno estatal en 2015, porque les retiró potestad sobre la emisión de autorizaciones, permisos y licencias relacionadas a desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
La petición forma parte de las acciones jurídicas que emprendieron ambas autoridades para recuperar las facultades que concentró la administración estatal en la zona, entre las que se encuentra una controversia constitucional que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Andrés Galicia López, alcalde de Soltepec, y Humberto Galicia Escárcega, edil de Mazalpitepec, firmaron los convenios en octubre de 2015 para que tuvieran una duración de 30 años, al igual que sus homólogos de San José Chiapa, Nopalucan y Rafael Lara Grajales. El Congreso local los ratificó ese mismo mes.
En marzo de 2017, los presidentes municipales de ambas demarcaciones desistieron de su apoyo a la intervención del gobierno estatal en la zona, la cual se motivó en el arribo de la planta armadora Audi y la construcción de Ciudad Modelo, ante las protestas de sus representados.
Andrés Galicia y Humberto Galicia interpusieron una controversia constitucional que sigue en revisión, para que se anule la creación del Organismo Público Ciudad Modelo de Audi, argumentando que a través de éste el gobierno de Puebla les quitó facultad sobre la prestación de servicios públicos en la zona.
Congreso archivará las solicitudes
La estrategia jurídica de defensa adoptó un nuevo camino este día con los escritos que presentaron los alcaldes de Soltepec y Mazapiltepec al Congreso, para dejar sin efectos el convenio de 2015.
Ambos escritos se remitieron a las comisiones unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, para que dictaminen la procedencia de la anulación, sin embargo, se espera que los documentos sean archivados debido a que ese órgano parlamentario tiene una mayoría afín al gobierno estatal.
Los convenios signados contienen candados que complican su extinción, uno de los cuales se encuentra en la cláusula décimo cuarta, donde se estipula que el “presente instrumento podrá ser revisado, prorrogado, adicionado o modificado de común acuerdo por ‘las partes’”, pero no habla de su anulación.
Además, en la cláusula décimo quinta determina que “ ‘las partes’ aceptan que el presente convenio es producto de la buena fe y no existe en él dolo, ignorancia o mala fe; y reconocen el alcance legal de lo pactado en el presente documento, así también están conscientes de que en el mismo no existe error, coacción, vicios del consentimiento o enriquecimiento ilícito en beneficio de una de ‘las partes’ o en perjuicio de la otra”.
Asimismo, la cláusula décimo sexta señala que “ ‘las partes’ manifiestan su conformidad para que en caso de que se susciten controversias con motivo de la operación, interpretación, cumplimiento o incumplimiento del presente instrumento las resolverán de común acuerdo”.