Por el cierre de la agencia del Ministerio Público, en Cholula disminuyeron hasta en 50 por ciento las denuncias en este distrito judicial, denunció el secretario de la Asociación de Abogados Cholula, Susano Toxqui.
Durante una entrevista, argumentó que esto se debe a que en los últimos dos años la Casa de Justicia de San Andrés Cholula y el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública fueron instalados en zonas de difícil acceso a la población.
A esto sumó el incremento de los intentos de linchamiento que han ocurrido en la región, como se ha documentado en las comunidades de San Bernardino Tlaxcalancingo y de San Antonio Cacalotepec. Lo anterior, precisó, debido a que la población intenta hacer justicia con propia mano a falta de esta.
El declarante informó que en abril pasado solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado la recuperación de las agencias del Ministerio Público para San Pedro Cholula, pero hasta el momento el procedimiento sigue estancado.
Para ello, la asociación inició una campaña de recolección de firmas de ciudadanos para reclamar que se les otorgue el servicio, como lo marca la Ley Orgánica Municipal, por ser San Pedro Cholula cabecera de distrito.
Incluso dijo que está dispuesto a buscar las instalaciones adecuadas para que las agencias ministeriales sean reabiertas.
Actualmente, informó que pobladores de 10 municipios se quedaron sin el servicio y podría incurrir en un aumento de linchamientos a falta de acceso a la justicia.
Toxqui sostuvo que la agencia del Ministerio Público es una necesidad para el Distrito Judicial de Cholula, porque no se está impartiendo justicia y se está perdiendo la cultura de la denuncia entre la ciudadanía.
Refirió que los ciudadanos del Distrito de Cholula se han enfrentado a una serie de vicisitudes a raíz de la realización del sistema penal acusatorio que entró en vigor en 2016, y que desapareció a 750 agencias en la entidad.
Entre esas complicaciones –explicaron– los pobladores de comunidades lejanas de San Andrés Calpan, Santa Clara Ocoyucan, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula y San Gregorio Atzompa tienen que trasladarse para interponer una denuncia al Centro de Control C5 o a la Fiscalía General del Estado (FGE).
A esto sumó que para presentar una queja una persona realiza antesala de entre tres y cuatro horas, y para integrar el expediente de las indagatorias tendrá que recurrir días después a las oficinas centrales de la Fiscalía, en la ciudad de Puebla.
Esta situación, indicó, además de generarles mayores gastos económicos por el traslado, también tienen que cumplir con trámites “engorrosos”, que terminan por desesperar a las víctimas, y desisten de la denuncia.
Al final exhortó a otras asociaciones y barras de abogados para que se ejerza presión hacia las autoridades y también solicitó el apoyo del diputado federal Miguel Ángel Huepa.