Organizaciones no gubernamentales calificaron como excluyente la convocatoria emitida por el Congreso local para elegir a los representantes de la sociedad civil en el Comité para Prevención y Eliminar la Discriminación estatal, pues señalaron que el criterio de que solamente organismos legalmente constituidos pueden proponer candidaturas margina a colectivos, redes de derechos humanos, y otros organismos que trabajan en la defensa de derechos humanos, pero carecen de actas constitutivas.
En un pronunciamiento firmado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), El Taller, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban y el Colectivo Hablemos de Género, integrantes de la mesa de género de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos de Puebla.
Los firmantes señalan que la cláusula que establece la obligatoriedad de que solo entes legalmente constituidos puedan hacer propuestas, margina a colectivos, redes de derechos humanos y a la ciudadanía en general que no tiene ese estatus.
Añade que el criterio de que solamente personas con antecedentes no penales puedan aspirar a una candidatura también veda a quienes habiendo estado prisioneros hoy gozan de plena libertad y ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Asimismo, advierten que al no poner un límite de postulaciones a las entidades interesadas en proponer candidaturas, una entidad o varias pueden acaparar los lugares con solo saturar de propuestas de representantes.
Agregan que el plazo establecido de 10 días, a pesar de haber sido extendido, es insuficiente para lograr los requisitos establecidos en la convocatoria.
Por tanto, las organizaciones exigen que se modifiquen la convocatoria a efectos de eliminar los elementos discriminatorios señalados, ampliar el plazo de recepción de las propuestas a uno razonable y adecuado para que la convocatoria tenga suficiente difusión y la posibilidad de que las personas participantes puedan contar con todos los requisitos exigidos y se amplíen los canales y formas de difusión adecuados a los medios de comunicación tradicional de los pueblos indígenas del estado y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Dicho documento es firmado a nombre de la mesa de género de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos de Puebla, rubricaron María del Rosario Arrambide González, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; Marlén Tirado Ramírez, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban AC y Giuliana Lee Pérez, del Colectivo Hablemos de Género.