La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) propondrá al pleno del Congreso local una serie de reformas al Código Penal a través de las cuales pretenden frenar la corrupción que persiste en la aplicación de recursos destinados a obra pública y acciones de infraestructura como es el conocido pago de diezmo o “moche” por la adjudicación de contratos.
En la sesión ordinaria de este martes se dictamen sería presentado, pero ante la declaratoria de receso por tiempo indefinido, dicho asunto quedó para una mejor ocasión.
Sin embargo, los integrantes de la bancada panista buscan tipificar como delito el uso indebido de atribuciones y facultades para el servidor público que otorgue, realice o contrate obras favoreciendo a determinada persona física o moral, recibiendo a cambio un porcentaje del precio a pagar.
Además proponen la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otro cargo de igual naturaleza a los funcionarios que incurran en ese tipo de conductas.
De acuerdo con la iniciativa, los diputados del PAN consideraron que uno de los principales flagelos que actualmente se presenta es el de la corrupción contra los recursos del Estado, en el que “la participación dolosa de sus funcionarios y prácticas corruptas en el momento de contratación y seguimiento de contratos de obra pública, que trae como consecuencia obras inconclusas de mala calidad, con deficiencias o vicios ocultos, por lo que se hace necesario la imposición de sanciones más severas en contra de los sujetos. Es por esto que se presenta esta iniciativa, a fin de establecer sanciones ejemplarizantes más severas y mayores responsabilidades, tanto a funcionarios públicos, como a particulares que incumplan con la correcta aplicación de recursos públicos en la construcción de obras públicas, que impida que se desarrollen estas conductas y sobre todo para lograr una mayor transparencia y eficacia en el manejo de los recursos y en beneficio de la inversión pública en la comunidad”.
Para ello, los panistas propusieron establecer como delitos las conductas de servidores públicos que omitan el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control en el proceso de celebración, adjudicación o asignación de contratos de obra pública, con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción y de aquellos que reciban determinada obra pública, encubriendo deficiencias, defectos o vicios ocultos.
Las sanciones también contemplan a la persona moral que ofrezca comisión, dinero o cualquier otra dádiva u otorgue promesa a un servidor público, para que éste le otorgue, realice o contrate obras públicas, pues la corrupción es un acto bilateral que debe ser castigado.
De manera puntual, proponen que los actos de corrupción que deben ingresar al catálogo de delitos, “son aquellas conductas en las que incurren los contratistas de obra pública y los funcionarios públicos encargados de llevar a cabo la contratación respectiva, que trae como consecuencia que ante el cobro de comisiones, diezmos o moches, se realice la construcción de obras públicas defectuosas y en muchos de los casos sin terminar, en razón de que los recursos fueron destinados para otros fines en vez de asegurar la calidad de la obra, existiendo una complicidad en las conductas de manera bilateral.