Viernes, abril 26, 2024

Aprovecha la SFA vacíos legales para ocultar beneficiarios de la venta de inmuebles públicos

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La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Puebla, que encabeza Raúl Sánchez Kobashi, utiliza un vació legal de la Ley de Transparencia del estado para no entregar las ofertas económicas que recibió en la venta de 48 inmuebles que pertenecieron al patrimonio público, así como el nombre de los concursantes ganadores, que mantiene ocultos desde el sexenio pasado.

Pese a que la dependencia cobró los costos de reproducción de esa información desde el 28 de abril pasado, hasta la fecha la Unidad de Transparencia se rehúsa a entregar las copias simples solicitadas por La Jornada de Oriente.

El área administrativa de acceso a la información pública de la SFA, que tiene como titular a Gilberto Suárez Machado según el portal de la secretaría, argumentó a través de una de sus analistas que la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no ratificó el plazo de cinco días hábiles que confería la normativa anterior a los sujetos obligados para proporcionar la información pagada, por lo que no tiene una fecha límite para cumplir con su responsabilidad.

Además, aseguró que la información no se encuentra en su poder, sino en manos de la Subsecretaría de Administración que ocupa Rafael Ruiz Cordero, la cual no ha dado respuesta al requerimiento que le envió para que la reproduzca.

La analista de la Unidad de Transparencia que atendió la inconformidad de este diario por el retraso garantizó que insistiría en la entrega de la documentación. “Espero que hoy sí me las entreguen y ya te marco en la tarde”, dijo la funcionaria el lunes de esta semana, pero no devolvió la llamada.

 

Congreso panista, responsable de las lagunas de ley

 

La hechura de la nueva Ley de Transparencia de Puebla es responsabilidad de los diputados que se encuentran en funciones, quienes forman parte de la LIX Legislatura local, en la que tienen mayoría la fracción del PAN con los grupos parlamentarios aliados, Nueva Alianza, PRD, PT, Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI).

El Congreso aprobó la normativa, que se encuentra en vigor desde el 5 de mayo de 2016, para homologar el marco normativo del estado a las disposiciones de transparencia impulsadas a nivel federal.

El vacío legal aprovechado por la SFA se ubica en el artículo 163 de la ley, donde se señala que la Unidad de Transparencia deberá notificar al solicitante el costo de reproducción de la información requerida, quien tendrá 30 días hábiles para realizar el pago y presentar el comprobante.

Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, la normatividad precisa que el solicitante contará con 60 días hábiles para recoger la información, pero nunca fija un término para que el sujeto obligado la entregue.

 

SFA, siete meses ocultando y escatimando información

 

La SFA ha utilizado todo tipo de recursos para negar la información relacionada con los inmuebles públicos que el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas propuso enajenar durante su sexenio, con el aval del Congreso del estado, para comercializarlos.

Desde octubre pasado, rechazó proporcionar a este diario datos sobre los compradores, avalúos y localización de las propiedades, bajo el argumento de que nunca se enajenaron inmuebles públicos durante la administración pasada.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP) revocó la respuesta del sujeto obligado en diciembre y le ordenó la entrega de la información.

Para atender la instrucción del ITAIP, la SFA emitió cuatro respuestas más en las que proporcionó datos incompletos. Como ejemplo, aseguró que obtuvo ingresos por 263 millones 699 mil 820 pesos con la venta de propiedades que pertenecieron al patrimonio público del estado, pero no dio la documentación requerida por este medio de comunicación con la que se corroboraría la veracidad del monto reportado.

Actualmente la secretaría retiene 279 copias simples sobre el mismo proceso de enajenación y venta, por las cuales cobró un costo de reproducción de 558 pesos. La documentación daría respuesta a tres solicitudes más presentadas por este diario el 21 de marzo.

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