El regidor Rafael Ramírez Hernández negó rotundamente que el cuerpo edilicio del Ayuntamiento de Cuautlancingo haya sesionado para legitimar la reforma al Artículo 12 Constitucional que busca privatizar el agua en los 217 municipios del estado, por lo que no descartó que el acta de Cabildo sea falsa.
De confirmarse esta situación, dijo que el caso sería muy grave y se estaría frente a una prueba fehaciente de coacción por parte del Partido Acción Nacional (PAN), como se ha hecho público.
En entrevista, Rafael Ramírez dijo que de los 142 municipios que avalaron la reforma, no todos son panistas, pues 45 son del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres de Movimiento Ciudadano (MC), y 17 del Partido del Trabajo (PT).
Con una copia en mano del Diario Oficial del Estado, del pasado 27 de enero, el regidor de Migración dijo que fue una sorpresa enterarse que habían aprobado la reforma privatizadora, cuando no han sido convocados para tal motivo.
Incluso, informó a La Jornada de Oriente que buscó al resto de sus homólogos para preguntarles si les habían invitado a la sesión de Cabildo, pero dijo que le respondieron que también desconocen del tema.
“En mi caso particular, en ningún momento fui convocado para una sesión de Cabildo”, aclaró.
Rafael Ramírez refutó que en el gobierno de Cuautlancingo alguien está mintiendo, y no son los regidores ni el síndico, luego de recordar que el alcalde de extracción panista Félix Casiano Tlahque declaró públicamente que su municipio no aprobó la medida legislativa.
Por esta razón, informó que solicitó al gobierno de Casiano Tlahque entregue la convocatoria a la sesión, el acta de Cabildo y la lista de regidores que aprobaron la reforma.
Después de la aprobación en sigilo de la reforma por parte del Congreso local, el Poder Legislativo envió a los 217 municipios de la entidad, la Minuta Proyecto de Decreto de la reforma al Artículo 12, para su respaldo a través de sus cabildos.
De los 217 municipios del estado, 142 cabildos aprobaron la privatización del agua, entre ellos Cuautlancingo.
El pasado viernes, se realizó una sesión de Cabildo donde se votó en contra, pero a estas alturas para efectos legales ya no tiene validez, porque quienes votaron en su momento ya la legitimaron.
Lo que sigue, advirtió, es interponer controversias de inconstitucional para frenar el decreto.
En la última semana, son tres municipios los que han interpuesto este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos de gobierno del Poder Ejecutivo y Legislativo del estado de Puebla.
Se trata del Cabildo de San Pedro Cholula, así como regidores y síndicos de los municipios de Juan C Bonilla y Coronango.