Sigue abierta la denuncia penal contra el ex secretario de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Luis Videgaray, y al Grupo Higa, por lavado de dinero de la casa de Malinalco, en el estado de México.
Así lo dio a conocer el abogado, de origen poblano, Alejandro Ponce Rivera y Chávez, quien presentó la queja ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El pasado 6 de mayo, Ponce Rivera y Chávez presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría en contra del ex secretario, su esposa y los representantes de Grupo Higa, entre ellos Juan Armando Hinojosa Cantú, por la probable comisión del delito de lavado de dinero, en lo que respecta a la adquisición de una residencia.
Sin embargo, advirtió que debido a que el proceso se encuentra frenado, podría iniciar una denuncia contra la PGR por abuso de autoridad.
Las autoridades federales están incurriendo en un abuso de autoridad al no dar trámite a la denuncia presentada desde hace un año, este es el caso de la ex procuradora Areli Gómez, declaró a La Jornada de Oriente.
Este lunes, Alejandro Ponce Rivera, miembro del Grupo Litigium, ofreció una rueda de prensa donde hizo un llamado a las autoridades estatales para investigar y frenar el lavado de dinero y la defraudación fiscal en Puebla.
Mientras que al sector empresarial declaró el uso de los recursos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La finalidad expuso es que cumplan con sus obligaciones ante el Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Informó que Puebla es un estado con un elevado índice de conducta de lavado de dinero en el país, por su conducta económica.
Del caso de Videgaray expuso que compró la casa cuando no contaba con recursos ni trabaja, y cuando se hizo funcionario federal, con un salario de aproximadamente 2 millones de pesos anuales, liquidó la residencia.
Precisó que el funcionario argumentó que la casa la compró con ingresos conjuntos con su esposa, a pesar que la residencia tuvo un valor por arriba de los 7 millones de pesos.
Por ello arguyó debe de investigarse de dónde surgieron los recursos de la pareja y aclarar el origen de los mismos, además de que la empresa le otorgó un crédito cuando éste no tenía algún cargo público.
El litigante dijo que el delito de lavado de dinero, si es que se comprueba que los recursos son de procedencia ilícita, no sólo lo comete a quien entrega el dinero, en este caso el secretario de Hacienda y su esposa, sino también a quien los recibe, como es el caso del Grupo Higa y su representante Juan Armando Hinojosa.
Ponce Rivera dijo que la integración de los documentos señalados con precisión en la denuncia le tocará a la PGR, quien cuenta con facultades legales para solicitar esos documentos con apercibimientos de ley, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además –agregó- a los registros públicos de la propiedad que proceda, a los propios denunciados y con base en toda esa información quedará clarificado si los recursos son de procedencia ilícita o no.