En este espacio se ha cuestionado con argumentos y datos la eficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la inseguridad y violencia que cunde por la entidad poblana. Sin embargo, dados los acontecimientos de este fin de semana, no resulta exagerado afirmar que las instituciones en Puebla han sido rebasadas por la delincuencia común y el crimen organizado.
De jueves a sábado hubo 21 asesinatos y 18 personas resultaron heridas en diversos hechos ilícitos, amén de que se cometieron asaltos y robos, algunos de corte verdaderamente inverosímil, de no ser por sus consecuencias reales y nocivas, como el perpetrado en una tienda Sanborn’s ubicada en la capital estatal, donde un grupo de sujetos con armas de fuego despojaron a clientes de sus pertenencias y además cargaron con un cuantioso botín en mercancía –se calcula medio millón de pesos, al menos, huyendo a plena mañana del domingo en bicicleta, por una de las zonas más transitadas de la capital poblana.
Es así que la sociedad poblana se encuentra a merced de criminales y en absoluto estado de indefensión. Son comunes ya las ejecuciones, los secuestros, los enfrentamientos entre bandas que se dedican al robo de combustible y los asesinatos. Tan solo el mes de enero de este año ha sido el más violento de todo el sexenio, pues se consumaron más de un homicidio por día en promedio, de forma dolosa.
Es cierto que la delincuencia tiene orígenes multifactoriales y que su combate y prevención es responsabilidad de todos los niveles de gobierno, pero no se puede negar la contribución al actual estado de cosas de la administración morenovallista, que desmanteló las representaciones del Ministerio Público en el interior del estado, como si suficientes ilícitos no se cometieran.