Se cumplió la primera semana desde que inició el diálogo entre el Poder Ejecutivo que encabeza en Puebla el panista, Rafael Moreno Valle Rosas, y las organizaciones sociales que se oponen a sus políticas de despojo y represión, teniendo como intermediaria a la Secretaría de Gobernación.
El balance era el esperado: ninguno. La administración morenovallista, fiel a su talante, ha utilizado la mesa de pláticas solamente para ganar tiempo y simula que tiene la intención de cumplir las demandas de sus detractores –la principal, la liberación de los presos políticos–, pero todo apunta a que, como en el pasado, no tiene el menor interés en arreglar los problemas.
Es así que de nueva cuenta el gobierno de Moreno Valle se empeña en proseguir con su política de represión y persecución a todo aquel que se opone a sus planes o simplemente se atreve a criticarlo.
El ejercicio de la política y el servicio público no son precisamente materias que domine el grupo que detenta el poder en Puebla y, como se ha dicho muchas veces en este espacio, las consecuencias y retrocesos que se han gestado en la entidad durante este sexenio tardarán muchos años en subsanarse.