Van en aumento los testimonios, denuncias y reclamos respecto de la manera en que operó el gobierno del estado en la acción llevada a cabo en San Bernardino Chalchihuapan el sábado pasado y los días subsecuentes. No solo los afectados de aquel pueblo han manifestado una contundente inconformidad, especialmente la señora Elia Tamayo, la madre de la principal víctima de los hechos de 9 de julio, sino la mayor parte del pueblo y otro partidos y sectores sociales organizados con intereses diversos.
El PRI hizo público anoche un boletín en el que manifiesta su consideración de que la respuesta del gobierno a la recomendación de la CNDH es “una burla” para la ciudadanía y pide, la destitución y abrirle un proceso penal a Facundo Rosas, así como que la misma comisión nacional deseche el supuesto cumplimiento de dicha recomendación. Sabemos de los intereses electorales y políticos de esta formación política, pero las condiciones están dadas para aprovechar este momento en su favor.
Sectores del PRD se han manifestado también contrarios al actuar del Ejecutivo estatal; algunos lamentan que entre sus filas milite, aunque sea artificialmente, el titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Maldonado, y piden su expulsión de las filas del partido. La corriente de que encabeza Roxana Luna ha sido mucho más activa y precisa en sus críticas, lo que le ha acarreado la aplicación de una campaña mediática en su contra y la acción de los infiltrados del gobierno en los movimientos para tratar de reducir su influencia.
No extraña que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública respalde al señor Rosas y al gobierno de Moreno Valle en estas acciones, puesto que sus integrantes han sido seleccionados a modo o son sometidos bajo presiones. El Consejo Coordinador Empresarial ha sido más cauto y ha exigido al gobierno respeto a los derechos humanos al llevar a cabo sus actos.
No se ve que el gobierno local enderece la nave para conseguir bajar la tensión social, sino todo lo contrario.