Con el respaldado de la Policía Estatal, la empresa de origen italiana Bonatti SPA ingresó a terrenos de cultivos de las comunidades de Atzizihuacan, San Andrés Calpan y San Lucas Atzala el pasado viernes para continuar con la instalación de un gasoducto en las faldas del volcán Popocatépetl, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Un grupo de ejidatarios y pequeños propietarios señalaron que entre ellos también iba personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, la paraestatal después desdijo que sus trabajadores hayan ingresado de esa forma a los terrenos, pues aseguraron que cuentan con permisos de las autoridades comunales.
Fermín Solís García, uno de los ejidatarios afectados, explicó a La Jornada de Oriente que no fue notificado de la expropiación de sus tierras, luego de oponerse a ceder el derecho de vía para la instalación del megaproyecto, al que han considerado un peligro para el pueblo por su cercanía al volcán.
“Hace ocho días entró gente del gasoducto a mis tierras, que intentaron enmallar, pero lo evitamos y hoy viernes volvieron a regresar con la amenaza de meter a la Policía”, declaró en entrevista.
Más tarde, Solís García confirmó el ingreso de los uniformados a los terrenos de cultivo de Atzizihuacan, mientras paralelamente ocurrió lo mismo en el poblado de Calpan.
Los pueblos de San Andrés Calpan y San Lucas Atzala denunciaron enérgicamente la imposición e inicio de las obras del gasoducto en sus tierras.
En días pasados relataron que varios pobladores hicimos un recorrido por sus predios y vieron con rabia e indignación que empezaron a invadir y a abrir brecha para la construcción del gasoducto en tres puntos principales: Camino a Serrano, Rancho Dolores y Camino Real de Atzacualoya.
En este último lugar, informaron que las maquinas ya comenzaron a excavar bajo la vigilancia de la Policía Estatal y Federal.
“En los tres lugares van barriendo con toda la vegetación y los cultivos que hay, e inclusive están tumbando el maíz de los terrenos aledaños sin respetar nada”, expusieron los campesinos.
Agregaron que todo esto lo están haciendo a escondidas y sin el permiso del pueblo desde hace algunos días.
Por tal razón denunciaron que “en ningún momento, desde que intentaron imponernos este gasoducto, y hasta el día de hoy, ni la CFE, ni los gobierno federal, estatal, municipal y, mucho menos la empresa Bonatti informaron sobre el proyecto, a pesar de que por varios medios pedimos nos dieran la información necesaria para poder decidir como pueblo”.
Revelaron que la firma italiana y la CFE dijeron comprar con 200 mil pesos al comisariado ejidal, a cambio de que aprobara en asamblea el permiso para la servidumbre de paso del gasoducto.
“Por lo que preguntamos: ¿por qué si dicen que el gasoducto nos va a beneficiar tienen que recurrir al engaño, al soborno, a la imposición y a la fuerza para tratar de hacerlo?, porque nosotros sabemos bien que el PIM solamente traerá peligro, destrucción y muerte para nuestros pueblos”, cuestionaron.
En ese sentido, los pobladores hicieron público su rechazo total al gasoducto. También pidieron que el edil de Calpan, Leonardo Lázaro Jiménez, cumpla con los compromisos que hizo con su comunidad, para que se niegue los permisos y licencias a favor de CFE y Bonatti.
Finalmente, exigieron la salida de las empresas, maquinaria y policías que entraron a escondidas y sin permiso de los dueños de las tierras para empezar a querer construir un gasoducto que no quieren ni necesitan, además de que el edil y cabildo de Calpan lleven a cabo la sesión extraordinaria de manera pública, para que en dicha sesión cumplan su compromiso de no dar ningún permiso para la construcción del gasoducto en el territorio de San Andrés Calpan y San Lucas Atzala.
“Hacemos responsable al gobierno federal, estatal y al alcalde Leonardo Lázaro Jiménez de todo lo que pueda pasar y nos pueda pasar, pues a pesar de que hemos buscado por todos los medio posibles dialogar sobre la problemática, ellos quieren imponernos un proyecto que nos lleva a la muerte”, concluyeron.