El colectivo Puebla de Luto, que agremia a más de 17 mil poblanos, rechazó categóricamente el nombramiento de José Antonio Pérez Bravo, como fiscal especial para el caso Chalchihuapan, pues argumentó que es empleado de la Procuraduría General de Justicia del estado y anteriormente fue omiso y negligente cuando estuvo al frente de las indagatorias sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa.
Advirtió que “Pérez Bravo fue empleado del procurador Víctor Carrancá hace años y conocemos su actuar, sabemos que es incongruente y que intentará vernos la cara de tontos a los poblanos con un dictamen que no corresponde a la realidad”.
Por tal razón el colectivo exigió la intervención del Congreso de la Unión para que solicite la comparecencia del gobernador Rafael Moreno Valle por la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie, ocurrido durante la dispersión de una protesta social el pasado 9 de julio.
Marco Mazatle Rojas, líder del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), dijo que la comparecencia abrirá la puerta para la desaparición de poderes en Puebla y, posteriormente, exigir por la vía legal la revocación del mandato al panista.
En ese sentido, se anticipó y dijo que el gobernador no va a poder acallar a la ciudadanía que exige justicia por la muerte del niño. “Ese asesinato está en su conciencia”.
“No podemos permitir una burla más, en última instancia la Comisión Nacional de Derechos Humanos debiera solicitar al Senado de la República que conforme una comisión para dar seguimiento al tema de Chalchihuapan, que tiene que ver con el asesinato del niño José Luis”, solicitó.
En ese sentido, el MAS, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Puebla de Luto reclamaron que trabajaran en la desaparición de Poderes, pues Moreno Valle no tiene calidad moral para nombrar al fiscal a cargo de las investigaciones por el asesinato del menor Tehuatlie Tamayo, por carecer de imparcialidad.
“Insistiremos en el Senado, porque ya no es tiempo de dialogar con el gobierno del estado, para que lleguemos a la desaparición de poderes en Puebla”, señalaron.
María Juana Villafaña, de Morena, declaró que el dictamen de la CNDH sobre el caso Chalchihuapan no tomó en cuenta su principal función para la que fue creada: defender las garantías de la población y promover cambios y modificaciones a disposiciones legislativas y reglamentarias, así como prácticas normativas.
“Es necesaria la derogación de la #LeyBala; qué van a esperar Moreno Valle, qué ocurra otra muerte”, cuestionó.
Asimismo, arguyó que la CNDH se olvidó del origen del problema al no emitir ninguna recomendación al Congreso local, para que se eliminen las cinco reformas a la Ley Orgánica Municipal que centralizan el servicio del registro civil en las cabeceras locales, y que además quitan una serie de facultades a los presidentes de las juntas auxiliares.
“Este hecho no se ha aclarado tampoco y ya se dio carpetazo al tema”, criticó Villafaña.
Explicó que la pérdida del registro civil es la centralización del poder, que también perjudica severamente a la comunidad migrante que ahora pagará a través de la banca algunos servicios e impuestos relativos a la expedición de documentos.
En tanto, del Movimiento Nacional por la Esperanza, Nora Luz Sánchez externó su preocupación por la escalada de violencia contra la sociedad poblana, donde la autoridad –señaló– hace muy poco por controlarla, pues ha sido rebasado por la crisis social que afronta.
Se sumó a la derogación la #LeyBala y la Ley Orgánica Municipal por ser lesivas contra los poblanos y causa indirecta de que muriera el niño Tehuatlie Tamayo.
Convocó a la ciudadanía a la marcha del jueves 18 de septiembre a partir de las 11 horas, que tendrá como punto de salida la Fuente de los Frailes. La ruta de la movilización también incluye un mitin frente al Congreso del estado y luego a Casa Aguayo, donde se instalará un plantón indefinido hasta que se haga justicia en el caso Chalchihuapan.
“Esperamos que el Congreso de la Unión fije sus ojos en Puebla y se inicie el juicio político y la desaparición de poderes”, refirió.
Al último, dijo que Puebla es un estado sin ley, “una arena de lucha libre donde no existe gobernabilidad”.
El fiscal, “un
personaje oscuro”
En su intervención, Arnulfo Hernández Chávez, del MAS, opinó que la conformación de fiscalías sólo sirven para retrasar las investigaciones, que en nada apoyarán a los afectados de la comunidad de Chalchihuapan.
“El fiscal José Antonio Pérez Bravo es un personaje oscuro, es el mismo que encabezó la investigación por el caso de Digna Ochoa donde dictaminaron que su muerte fue por otras causas”, dijo.
Expuso que se trata de una fiscalía a modo; “por eso pedimos al Senado y al Congreso de la Unión que intervenga para que no se enturbie más el asesinato del niño, las graves violaciones a las garantías de los pobladores de Chalchihuapan, así como en la aprehensión masiva contra pobladores y luchadores sociales en la entidad”.
Finalmente, a nombre de los declarantes demandó la destitución de los secretarios de Seguridad Pública y General de gobierno, Facundo Rosas y Luis Maldonado, respectivamente; así como del procurador Víctor Carrancá por los hechos violentos del pasado 9 de julio.