El pronunciado interés de Raúl Plascencia Villanueva en tomar él personalmente las riendas de la investigación de la represión sufrida por el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan y el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, ocurridos el 9 de julio, obedece fundamentalmente a que su visita –de ayer– a Puebla estuvo precedida por advertencias de senadores, de izquierda y del PRI de que su reelección como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está en riesgo por haber perdido de calidad de ombudsman imparcial al haber mostrado cercanía y entendimiento con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Una senadora del PRI narra que hace unos días el ombudsman se la encontró y de motu proprio le hizo dos expresiones, más o menos de esta manera: “Está muy fuerte lo que pasa en Puebla” y que el caso de Chalchihuapan tenía un especial interés para la CNDH por la muerte de un menor de edad. Esas palabras, lejos de ser un diagnóstico de la realidad, parecían tener el interés de Plascencia por demostrar que ha roto sus ligas con el gobernador del estado.
Otro senador de izquierda hace unos dos o tres meses se reunió con Plascencia para pedirle que interviniera en el caso de Puebla, en donde se percibía una violación sistemática de los derechos humanos, que incluía la aprobación de una norma fascista como es la #LeyBala, que criminaliza la protesta social. El legislador le dijo que ya estaban dadas las condiciones para que esa violencia generada desde el gobierno provocara la pérdida de vidas.
En aquella ocasión el presidente de la CNDH hizo oídos sordos e ignoró el tema de la llamada #Ley Bala, que se creó para legitimar el uso de la fuerza extrema contra las manifestaciones en la vía pública.
También en ese encuentro le advirtieron que había violado el apartado B, del artículo 102 de la Constitución, en donde se establece que la función de la CNDH es emitir recomendaciones públicas con autonomía contra cualquier autoridad o servidor público que viole los derechos humanos.
El hecho de que se hubiera reunido con cualquier gobernador, sin importar su militancia partidista, lo llevaba a estar haciendo relaciones con un posible sujeto de observación de parte del órgano que preside, lo cual le quita el carácter de imparcialidad y de autonomía.
Y en el caso de Puebla, Raúl Plascencia buscó la compañía del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en el acto en el cual le entregaron un doctorado honoris causa en mayo pasado, ya que fue el ombudsman quien invitó directamente al jefe del Poder Ejecutivo a estar presente en dicha ceremonia. Y lo que más llamó la atención, no solamente fue su cercanía con el mandatario, sino que el ombudsman se abstuviera de hablar de la #Ley
Bala, la cual ha sido objeto de severos cuestionamientos de activistas, periodistas, organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, así como del Poder Judicial federal.
Una advertencia mayor que le han formulado a Raúl Plascencia, por arriba del tema de la sucesión como ombudsman, es que si la CNDH no muestra eficiencia en la investigación de lo ocurrido en San Bernardino Chalchihuapan, el caso de la muerte del niño José Luis Tehuatlie fácilmente podrá ser retomado por organismos internacionales de derechos humanos y éstos podrían emitir una mala calificación hacia México.
Dicho de otra manera, puede acabar metiendo al Estado mexicano en graves problemas, pues se presentaría ante organismos internacionales un caso claro de cómo las autoridades y la CNDH omitieron investigar una serie de abusos policiacos contra habitantes de una pequeña población campesina y que provocaron la muerte de un menor indefenso, de apenas 13 años de edad, cuya familia sigue siendo objeto de intimidación.
Plascencia tiene un escenario complicado, pues aunque se ha mostrado acrítico con el actual gobierno federal, en el PRI no se le ve con buenos ojos, ya que guardó un silencio cómplice con los abusos que cometió en el sexenio pasado el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En particular los legisladores federales de izquierda, del PT y algunos del PRD, han cuestionado severamente la incompetencia de la CNDH en la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en el sexenio pasado. Los investigadores de la comisión nunca tomaron en cuenta a los familiares de las victimas, tardaron 40 meses en elaborar una recomendación y al final no observaron las violaciones cometidas por autoridades civiles para esclarecer dicho homicidio masivo.
Ya más recientemente se le ha cuestionado a Plascencia Villanueva que sostenga que la tortura es una práctica que va a la baja en México, cuando la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional han documentado que se registra un importante repunte de esa violación a los derechos humanos, sobre todo contra habitantes que son involucrados en casos de crimen organizado o en luchas sociales.
Frente a este escenario, se percibe un interés con matices políticos del ombudsman de buscar hacer un trabajo que convenza en el caso Chalchihuapan para que le ayude literalmente a “salvar el pellejo” y no ser echado de la CNDH, que es un organismo muy atractivo, entre otras cosas por tener un presupuesto de mil 400 millones de pesos al año.
Juego perverso
Más allá de los motivos que mueven a Plascencia, se agradece que la CNDH busque investigar la agresión morenovallista contra la gente de Chalchihuapan.
Sin embargo, se debe tomar con muchas reservar esa actitud, ya que la reelección de Placencia se resuelve en octubre y el funcionario ha prometido que la recomendación por el caso Chalchihuapan estará lista en septiembre.
Podría haber el juego perverso de que cuando el ombudsman logre su reelección regrese a retomar su relación de amistad con Moreno Valle y emita una investigación favorable al gobierno de Puebla. Por eso es fundamental mantener un marcaje excesivo al trabajo del señor Raúl Plascencia Villanueva.