Además de las movilizaciones y protestas sociales que ha generado el retiro del registro civil a las juntas auxiliares, una causa legal se ha sumado a la defensa de esa facultad de las administraciones subalternas: un amparo.
El juicio de garantías fue tramitado ayer ante el Poder Judicial por el presidente de la junta auxiliar de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, quien señaló que es necesario que el servicio del registro civil sea restituido a los pueblos, porque su enajenación para concentrarla en las cabeceras municipales perjudica a los vecinos que carecen de recursos para trasladarse a dichas demarcaciones.
Agregó, por ejemplo, que las oficinas centrales están abiertas únicamente de lunes a viernes y la gente está acostumbrada a hacer sus trámites los sábados y los domingos.
Sabino León Baez anunció que es posible que tramite otro amparo, pero por la violación que el retiro del registro civil supone a los derechos indígenas.
Rechazó que en las juntas auxiliares haya cobros inadecuados, como aseguró el gobernador Rafael Moreno Valle.
La víspera, el mandatario estatal aseveró que en el pasado se habían detectado no sólo cobros fuera de lo que marcaba la ley, sino la expedición de actas de nacimiento a los ciudadanos centroamericanos que, en algunos casos, tenían antecedentes delictivos.
De ahí que el gobierno estatal decidiera invertir 20 millones de pesos para modernizar el sistema del registro civil, que va desde la digitalización de los documentos para contar con una base de datos única y confiable, hasta la instalación de un módulo en hospitales, para que los niños puedan ser registrados de manera inmediata, medida aunada al programa de actas gratuitas
“Este es el modelo que queremos llevar a todo el Estado, que iremos a instalar también en los hospitales para que al momento de nacer puedan recibir el servicio. Yo estimo que en el mes de diciembre habremos concluido el proceso de modernización ga-rantizar certeza a los ciudadanos, un buen servicio y eliminar los cobros irregulares”, agregó.