Los integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Ricardo Jiménez Ávila y Marco Antonio Mazatle, acusaron al gobierno derechista Rafael Moreno Valle Rosas de generar una serie de conflictos sociales en el área conurbada de la capital, con la imposición de obras sin justificación de utilidad pública.
Señalaron como casos emblemáticos los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, donde el gobierno estatal impuso la construcción de un parque temático que daña el patrimonio arqueológico, pero sobre todo criticaron es un proyecto que carece de sustento social y se pretende realizar en terrenos agrícolas.
“Las decisiones autoritarias del gobernador ya están generando conflictos sociales en los municipios como en San Andrés y San Pedro Cholula, con la creación del parque de las Siete Culturas, el distribuidor vial y la Ley de Expropiación”, refirieron en rueda de prensa.
Expusieron que las iniciativas promovidas por el gobernador como la modificación a la Ley Orgánica Municipal nulificaron el poder de los presidentes auxiliares en los municipios, centralizando el poder y la prestación de servicios, además de que no se toman en cuenta los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Por su parte, explicaron que la Ley de Expropiación abre la puerta a que el gobierno del estado se adueñe de bienes para favorecer no sólo proyectos de muerte, como las minas en el norte del estado o el gaseoducto a las faldas del Popocatépetl, si no que deja en la indefensión a los pobladores.
De acuerdo con las reformas a dicha disposición, comentaron que el gobierno estatal podrá incautar bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que la autoridad notifique previamente por escrito a los afectados de tal acción.
Esta acción –citaron– ya ocurrió en el municipio de las Cholulas, donde en tres sesiones de cabildo se expropiaron, a petición del gobierno estatal, terrenos que colindan con el sitio arqueológico, bajo el argumento de ser de utilidad pública.
Acompañados de ciudadanos de San Pedro Cholula, refirieron que los afectados no fueron avisados por escrito de la expropiación como se hacía antes, ahora se informarán a través del Diario Oficial del Estado.
Además –añadieron– los agraviados tendrán un plazo de ocho días hábiles para interponer un recurso administrativo que permita que el gobierno no tome posesión de sus bienes.
Sin embargo, dejaron en claro que si los afectados optan por interponer un procedimiento jurídico no se obligará al gobierno estatal a abandonar o suspender la obras que se desarrollen en los bienes expropiados.
Otros casos, enlistaron, son la privatización del agua en la capital y municipios metropolitanos de Puebla, o el privilegio público a la cadena hotelera Fiesta Americana, que con apoyo del gobierno construirá un edificio en la zona de Angelópolis.
Jiménez y Mazatle aseveraron que los municipios se ven obligados a realizar obras conjuntas con el gobierno estatal, para que de esta forma Rafael Moreno Valle pueda adjudicarse su elaboración.
“Muchos de los proyectos resultan poco beneficiosos para la ciudadanía, tal es el caso del distribuidor vial de Cholula”, reprobaron.