La inconformidad desatada por el programa de fotomulta que ha puesto en marcha el gobierno estatal en calles de la Angelópolis y la zona conurbada puede ser canalizada jurídicamente para combatirla, afirma el Corporativo Jurídico IURE, que lanzó este lunes una página web para asesorar a los ciudadanos que están dispuestos a luchar contra una medida que es inconstitucional.
Esta mañana, en un restaurante ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, los letrados ofrecerán una rueda de prensa para explicar los detalles del apoyo jurídico que ofrecen a la ciudadanía.
La página de referencia puede ser consultada en la dirección www.liberatedelasfotomultas.com y en ella los litigantes advierten que impugnarán el programa porque la figura de infracción por la vía de fotografías que supuestamente comprueban excesos de velocidad no existe en el Reglamento de Tránsito del Estado, y su aplicación viola la Constitución.
“Somos una firma de abogados socialmente responsables, que apoyamos la idea de que todos los automovilistas debemos respetar los límites de velocidad autorizados en cada vialidad, pero también tenemos la convicción de que las autoridades son las primeras obligadas en respetar el Estado de Derecho”, dice la página en la presentación de la firma.
Y agrega: “Si alguien comete una infracción al Reglamento de Tránsito por supuesto que debe ser sancionado, pero sin atropellar sus derechos constitucionales. El punto es que simplemente no aceptamos que el gobierno sancione una infracción vial por medio de una ilegalidad”.
Además de que la fotomulta no está considerada en el Reglamento de Tránsito y aplicarla resulta una violación a la Carta Magna, el Corporativo Jurídico IURE advierte otra razón para estar en contra de ese sistema:
“Porque una foto podría ser utilizada solo como una evidencia en contra de un infractor, pero una foto de ninguna manera puede sustituir todo un procedimiento jurídico instituido en el Reglamento (de Tránsito) para imponer una sanción, ya que esto viola la Constitución.
“Es pertinente aclarar que no estamos en contra del uso de la tecnología, sino solo en contra de las arbitrariedades”, finalizan en su presentación.
Desde principios de marzo, y por separado, diversos abogados han comenzado juicios de amparo en contra del programa Monitor Vial, conocido popularmente como fotomulta, mediante el cual se han impuesto casi medio millón de sanciones económicas, de las cuales el pago de apenas 33 por ciento le ha representado al gobierno estatal del panista Rafael Moreno Valle Rosas ingresos por casi 60 millones de pesos.
Para el abogado René Sánchez Galindo, integrante de la Comisión estatal en Defensa del Medio Ambiente del Morena, Monitor Vial es “una imposición de un gobierno que se convierte en un recaudador de primer mundo castigando a ciudadanos de tercer mundo”.
Explica que la injusticia del programa se refleja en la sofisticación de la plataforma digital mediante la cual los automovilistas pueden checar en internet la hora, fecha, lugar y velocidad registrada por las cámaras dispuestas en las vialidades que son vigiladas, pero no hay una sola liga ni apartado que indique al ciudadano cómo reclamar por un mal entendido o iniciar un proceso para impugnar.
El litigante, quien también es director de la asociación civil Colectivas –especializada en el trámite de juicios de garantías colectivos– explicó que la administración de Moreno Valle “trae tecnología moderna que ni siquiera es la mejor ni la más nueva, pero no solo no tiene una contraparte tecnológica para la aclaración, réplica o defensa del ciudadano, no hay organismos institucionales de litigio administrativo, como sucede en EU o en Francia, así el ciudadano queda a merced de lo que el gobernante en turno decida, porque tampoco hay garantía de que el gobierno no pueda alterar los registros de velocidad”.
En opinión de Sánchez Galindo, quien logró con otro grupo de académicos y activistas la detención de la repartición de semillas de maíz transgénico de la empresa Monsanto en México, es posible que las personas que se piensen perjudicados por la injusticia del Monitor Vial puedan recurrir a un juicio de amparo esgrimiendo las razones antes explicadas.