El Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) exigió al gobierno de Puebla informar si es verdad que existen decenas y hasta centenas de órdenes de captura contra activistas sociales que se oponen a los proyectos denominados “de muerte”, por amenazar la vida de las personas, así como a la privatización del agua.
Asimismo, exigió a las autoridades explicar los cargos que se imputan a los siete integrantes de Morena que están siendo buscados por distintos corporativos policiacos de la entidad federativa.
Los representantes del movimiento lopezobradorista dirigieron sus demandas a la Secretaría General de Gobierno (SGG), que encabeza Luis Maldonado Venegas, luego de que esta dependencia aclarara el lunes que no tiene ninguna orden de captura contra el académico Ricardo Pérez Avilés, quien ha sido víctima de amenazas por asesorar al movimiento ciudadano que se opone al proyecto del gasoducto Morelos.
El secretario de Derechos Humanos y Sociales de Morena, Carlos Figueroa Ibarra, celebró que la SGG diera a conocer que la administración estatal no tiene acciones judiciales abiertas contra la comunidad académica.
Sin embargo, señaló que las explicaciones realizadas por las autoridades no son suficientes para calmar el clima de terror que impera entre los activistas sociales en el estado, tras las detenciones y el encarcelamiento de ciudadanos que se oponen a los proyectos de muerte.
Además, indicó que las autoridades estatales deben indagar quiénes fueron los hombres desconocidos que el pasado viernes 11 de abril llegaron a la residencia de Pérez Avilés a proferir amenazas contra su vida.
“La Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla responsabiliza al gobierno de Rafael Moreno Valle de cualquier incidente que pueda ocurrirle a Pérez Avilés y a su familia”, expresó.
Detalló que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene conocimiento de por los menos 12 órdenes de aprehensión en contra de líderes sociales que todavía no se han ejecutado, pero aclaró que versiones extraoficiales hablan de hasta 400.
Los ciudadanos que han enfrentado la persecución del Estado o que temen ser detenidos se oponen a proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, mineros y carreteros, así como a la concesión de los servicios de agua potable en el estado.